La Fiscalía solicitó ante un juez enviar a prisión al expresidente de Conalvías, Andrés Jaramillo, por su presunta responsabilidad en el ‘carrusel' de la contratación.
A Jaramillo le imputaron cargos de cohecho e interés indebido en la celebración de contratos.
El ente acusador señaló que es necesaria la medida de aseguramiento para garantizar la comparecencia de Jaramillo en el proceso, no poner en peligro la prueba, evitar la reincidencia y la posibilidad de que nuevamente se atente contra la administración pública.
"Una persona que se encuentre frente a la expectativa de tener una pena alta es muy atractivo pensar que no va a comparecer. Si bien es cierto, el comportamiento procesal del señor Andrés Jaramillo López ha sido un comportamiento procesal normal en la medida que ha comparecido a las solicitudes de diligencias que ha hecho la Fiscalía", agregó el ente acusador.
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Entre los elementos materiales que presentó la Fiscalía en audiencia está el pago de facturas dirigidas a la empresa MSC Constructores (Manuel Sánchez) entre junio de 2010 a marzo de 2011. También facturas aportadas por Hipólito Moreno soportadas a través de Ardila Ingenieros entre junio de 2010 a marzo de 2011
“Tenemos la declaración del señor Hipólito Moreno quien reconoce haber recibido estos dineros por parte de la Unión Temporal Vial y que giró a través de un amigo suyo al que le pidió el favor, el señor Rogelio Ardila, de su empresa Ardila y Asociados los números de factura 0228, 0251 y 0332 de los años 2010 y 2011, facturas que aportó el señor Hipólito Moreno y que ascendieron a la suma de 535.446.440, reconociendo que eran la compra de un servicio pero que finalmente eran la forma de cubrir el pago de soborno al concejal Hipólito Moreno”, dijo la Fiscalía.
Sobre el delito de interés indebido en la celebración de contratos, la Fiscalía sostiene que Jaramillo actuó como interviniente de un servidor público.
Según la Fiscalía, Andrés Jaramillo se reunió con Javier Mejía Bernal, el abogado Manuel Sánchez y el servidor público Iván Hernández Daza. “En dichas reuniones manifestó la intención de entregar recursos económicos para campañas políticas de los concejales Hipólito Moreno, Andrés Camacho Casado y Orlando Parada siempre y cuando fuera adjudicado algún contrato de la malla vial y para eso participaron en tres procesos licitatorios con las uniones temporales Conalpac 007, Conalpac 008 y Vías Patria Ingeniería pudiendo ganar solamente con esta última el contrato 078”, señaló el fiscal.
Posteriormente, según la Fiscalía, Iván Hernández Daza en su condición de director de la Unidad de Mantenimiento Vial procedió a adjudicar la licitación pública del contrato 078 de 2010 interesándose indebidamente en el mismo adjudicando el contrato a la Unión Temporal Vías Patria.
"El señor Andrés Jaramillo en coautoría con el señor Javier Mejía Bernal entregaron a funcionarios públicos las siguientes sumas de dinero: con destino al director de la Unidad de Mantenimiento Vial, al señor Iván Hernández Daza la suma de 150 millones y con destino al concejal Andrés Camacho Casado 300 millones, para un total entre ellos dos un total de 450 millones de pesos en efectivo”, agregó la Fiscalía.
Según la Fiscalía, en el 2010, en plena crisis de la megaobra por la 26, se pagaron coimas para que ese contrato lo asumiera el Grupo Empresarial Vías de Bogotá, liderado por Conalvías. Tal maniobra le habría generado a la ciudad sobrecostos por más de 190.000 millones de pesos.
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De acuerdo con la Fiscalía, las coimas para la entrega del contrato serían del orden de los 8.000 millones de pesos. Es uno de los casos por los que el exalcalde Samuel Moreno está llamado a juicio.
El proceso dice que el exmandatario influyó indebidamente en la entrega de la obra y determinó a los exdirectores del IDU, Liliana Pardo y Néstor Eugenio Ramírez, para que “realizaran las actuaciones administrativas que permitieron que el cesionario se apropiara de la suma de 190.266 millones de pesos”. En el proceso están documentados cinco otrosíes que se firmaron en el 2010 y que, dice la Fiscalía, sin ninguna justificación técnica o jurídica permitieron los sobrecostos que terminaron pagando todos los bogotanos.
Los investigadores señalaron que el otrosí n.° 6 de marzo 5 de 2010, que modificó el precio, plazo y objeto del contrato y que, supuestamente, fue clave para los sobrecostos, lo firmó la exdirectora del IDU Liliana Pardo (prófuga de la justicia) por presión de Samuel Moreno en alianza con Jaramillo López.
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