El fiscal general Néstor Humberto Martínez envió este miércoles una carta al presidente de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, Miguel Ángel Pinto, con algunas observaciones sobre la ponencia del acto legislativo que crea la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
El primer cuestionamiento es sobre la reincidencia. La Fiscalía sostiene que la ponencia “no precisa si en caso de revisión de la pena por parte de la JEP, en el evento de una reincidencia, habría lugar a tratamiento penitenciario ordinario y cómo se llevaría a cabo el juzgamiento por la justicia ordinaria respecto de personas que surten sus condenas previas”.
La entidad argumenta que la JEP debe aplicarse únicamente a conductas cometidas con anterioridad a su entrada en vigor del acuerdo final con las Farc (diciembre de 2016) y que los delitos cometidos por reinsertados con posterioridad a esta fecha serán de conocimiento de la justicia ordinaria. (Además: A reincidentes de Farc se les aumentaría la pena)
Sin embargo, dice la Fiscalía, la ponencia consagra que aquellos delitos que se ejecutaron antes de la entrada en vigencia del acuerdo y que decide continuarlo, será sometido a la JEP y al régimen de privilegios que de él se deriva.
“Esta previsión lesiona el principio de “no repetición” y viola en forma manifiesta el acuerdo de paz al otorgarle competencias a la JEP más allá de su vigencia, en detrimento de la jurisdicción ordinaria que se aplica al resto de colombianos y, por ende, con menoscabo a las atribuciones que la Constitución le otorga a la Fiscalía”, dice.
“Si alguno de los miembros de las Farc continúa cometiendo delitos, la Fiscalía no podrá conocer de los mismos y sus autores conservarán los privilegios de la JEP”, puntualiza.
Otro de los puntos que cuestiona es el tratamiento de conductas vinculadas a la dejación de armas. “La ponencia opta por no utilizar criterios objetivos que permitan definir inequívocamente cuáles son las conductas estrechamente vinculadas a la dejación de armas”, con ello, advierte la Fiscalía, la definición quedaría a criterio de la JEP y podrá dar lugar a “innecesarios conflictos de competencia con la jurisdicción ordinaria”.
Sobre el régimen de la extradición, la Fiscalía pide “precisar que los reincidentes y los autores de delitos de ejecución permanente, no mantendrán la garantía de no extradición”.
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