La próxima semana, la Fiscalía General le revelará al país más de 800 horas de grabaciones en las que quedó al descubierto el plan corrupto que se desplegó el pasado 6 de noviembre para que saliera elegido como gobernador de La Guajira Wilmer David González Brito.
Su elección, fruto de una coalición entre el partido de ‘la U’ y los conservadores, fue vista inicialmente como una salida democrática de la postración política en la que estaba sumido ese departamento luego de que sus cuatro últimos gobernadores terminaran investigados o condenados por delitos que van desde homicidio hasta el robo de las arcas de este ente territorial.
Pero lo que se confirmó en esa oscura jornada electoral es que esa región continúa capturada por castas corruptas que se niegan a soltar el presupuesto. Ríos de dinero en una zona que se muere de sed y camiones repletos de votantes comprados, que venían de la frontera con Venezuela, fueron los protagonistas de esas elecciones, en las que fracasaron los esfuerzos por liberar a La Guajira de las garras de la corrupción y de los grupos políticos.
González, quien se atrevió a firmar un convenio de transparencia, será imputado el 9 de febrero por cargos de cohecho y corrupción al sufragante. Lo más grave es que Riohacha también quedó acéfala. Desde hace 5 días, Fabio Velásquez Rivadeneira, su alcalde, está privado de la libertad por irregularidades en un contrato de raciones escolares que costó más de 5.000 millones de pesos y que supuestamente iba a beneficiar a más de 25.000 pequeños. Y aunque el mandatario no aceptó cargos, el fiscal Néstor Humberto Martínez enumeró al menos seis graves irregularidades, entre ellas que la comida no les llegó a todos los niños a quienes iba destinada.
Por un contrato similar deberá responder Oneida Pinto, la destituida gobernadora, quien, al igual que el alcalde preso, obtuvo el aval político de Cambio Radical. Pinto ya venía siendo procesada por participar en un plan para atentar contra Jorge Enrique Vélez, el valiente funcionario que se hizo cargo del departamento mientras elegían un gobernador en propiedad.
Acosado y amenazado, Vélez denunció algunos de estos contratos y frenó el de la investigación para la reducción del dengue en La Guajira, tasado en más de 17.000 millones de pesos. Lo paradójico es que cuando anunció que congelaba ese y otros contratos, varios diputados del departamento lo tildaron, incluso, de loco.
Hoy, la evidencia no admite duda sobre la salud mental de Vélez ni en cuanto a que el Ejecutivo acertó al llevar a funcionarios ajenos al entorno político local para sanear una región que no se puede dejar morir por la codicia política de unos pocos. Es evidente que la solución no es nombrar a otro encargado y volver a convocar elecciones atípicas para que la historia se repita.
Además de establecer responsabilidades judiciales, conviene pasar una cuenta de cobro ética a quienes siguen firmando avales sin responsabilizarse por la conducta de sus militantes. La Fiscalía y la Contraloría están haciendo una gran labor de depuración. Resta acompañar a la justicia, para llegar hasta el fondo, y tomar correctivos a fin de que La Guajira no quede de nuevo acéfala por culpa de la rampante corrupción.
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