Este lunes, la Superintendencia de Sociedades ordenó la liquidación judicial (obligatoria) de la Constructora Carlos Collins S. A., vinculada con la tortuosa construcción del túnel de La Línea.
No obstante, los mismos dueños ya habían decidido comenzar con el proceso de cierre de la compañía tres meses atrás, luego de que les negaran una nueva prórroga de tres meses para la terminación de las obras del túnel principal de 8,6 kilómetros y las obras a cielo abierto entre Tolima y Quindío, que le habían sido encomendadas a la Unión Temporal Segundo Centenario, de la que hace parte Carlos Collins S. A.
El costo inicial era de 629.000 millones de pesos, pero se calcula que terminará valiendo tres veces más. Lo curioso es que a pesar de la envergadura de la empresa y su importancia por haber estado en el ojo del huracán por incumplimientos, no había informado sobre el acuerdo de liquidación al organismo de control y vigilancia.
Las dificultades conocidas públicamente habían llevado a la Súper a ordenar visitas entre el 2 y el 15 de diciembre para verificar la salud financiera y allí fue donde hallaron un acta del 27 de octubre del 2016, en la que los socios determinaron proceder a la liquidación privada.
En la inspección, los funcionarios constataron que la entidad no estaba funcionando ni renovó su matrícula mercantil. Pero además les debía sueldos a sus trabajadores desde octubre y tenía un embargo de la Dian, por no cumplir con sus obligaciones.
Nada más la deuda con esta última entidad supera los 1.800 millones de pesos, por lo que le generó el embargo, pues no paga retención en la fuente desde el 2014, le debe 1.585 millones de pesos del impuesto de renta del 2013 y el 2015; más 199 millones de pesos por el impuesto a la riqueza del 2016 y 17 millones de pesos por el IVA del primer periodo del último año.
En total, la deuda vencida a más de 90 días sumaría más de 10.000 millones de pesos y los activos estarían por los 67.000 millones de pesos, pero el estado real se deberá conocer dentro de un mes, cuando el exrepresentante legal, Carlos Guillermo Collins Espeleta, entregue las cuentas actualizadas.
Como liquidador de la firma fue nombrado René Arturo Ramírez González.
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