Subir y bajar escaleras a pie de forma pausada y con buen ritmo y tomar agua de botellones cada cuatro pisos es a lo que se han tenido que someter los funcionarios del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y sus visitantes desde que los dos ascensores dejaron de funcionar. En total, unos 4.600 usuarios flotantes al mes, 412 funcionarios de planta y 886 contratistas han sido los afectados del incumplimiento de un contratista.
El comienzo
Esta historia comenzó el 26 de marzo del 2015 cuando la entidad abrió un proceso para contratar la compra e instalación de dos ascensores eléctricos nuevos y el desmonte de los existentes para la sede de diez pisos, ubicada en la calle 22 n.° 6-27. El presupuesto estimado para la obra era de 496’117.883 millones de pesos pero hoy no hay ni ascensor y sí funcionarios inconformes y cansados.
En ese momento, Álvaro Niño Cortés fue el contratista seleccionado de entre tres por ofrecer los servicios de menor cuantía y tiempo de ejecución. Por él quedaron descartados Mitsubishi Electric de Colombia Ltda. y Lucky Global Elevators S.A.S. “En ese momento Niño subsanó aportando un contrato que cumplía con la experiencia exigida y además prometió entregar la obra en 255 días”, aseguró el IDU.
Por esas razones se le adjudicó el proyecto el 8 de mayo del 2015 por un valor de 490’680.000 millones de pesos, a pesar de que en el Registro Único de Proponentes (RUP) presentaba incumplimientos. Finalmente el 9 de junio del 2015 se dio inicio a la obra para que esta terminara el 24 de febrero del 2016, plazo que nunca se cumplió.
Multas
Según el IDU, la primera multa por demoras del contratista fue impuesta el 19 de noviembre del 2015 por un poco más de 15 millones de pesos por atrasos en el cronograma propuesto para la entrega del ascensor número 2, que solo se entregó hasta el 23 de diciembre del 2015 pero que no tardo en mostrar deficiencias en su funcionamiento. Incluso, se presentaron casos de personas atrapadas.
A todo esto se le sumó que la obra del ascensor número 1 llegó solo a un avance del 29,42 por ciento. “También había un negligente y reiterado actuar omisivo del contratista”, agregó el IDU. De nada sirvieron los constantes llamados al contratista; este, según la entidad, nunca solucionó los graves problemas de funcionamiento de los equipos.
El estado de lo ejecutado es tan grave que el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia encontró problemas muy graves en las obras lo que constituyó un riesgo inminente para las personas. La recomendación fue solo una: suspender el uso del ascensor.
El IDU no tuvo otra salida que dar inicio al procedimiento sancionatorio y el 9 de noviembre del 2016 se declaró el incumplimiento total del contrato, tasando los perjuicios por una suma de 249’173.276 millones de pesos. De esta suma tasada, se declaró el siniestro por el valor de la cláusula penal pecuniaria establecida en el contrato, por un valor de 147’204.000 millones de pesos.
Lo paradójico es que este mismo contratista aparece relacionado en varias noticias por incumplimientos relacionados con ascensores. La administración entrante, que encontró este lío, tuvo que respetar el debido proceso por lo que no se podía iniciar ningún tipo de trámite administrativo hasta que no terminara el proceso sancionatorio que no quedó en firme sino hasta el 9 de noviembre del 2016.
El IDU ha tratado de buscar formas de mejorar la situación de los empleados, como instalar escaleras tipo oruga, arrendar edificios para el traslado del personal o pensar en la rotación interna, pero todas son inviables, unas por generar altos costos y otras por ser medidas riesgosas para funcionarios y visitantes. Lo cierto es que hoy llegar al trabajar al IDU viene con ejercicio incluido.
La solución
El 12 de enero del 2016 se envió el proyecto a siete firmas reconocidas nacional e internacionalmente (Otis, Mitsubishi, Schindler, Estilo, Soluciones Verticales, ThyssenKrupp y Scala), para cotización y posterior elaboración de un estudio de mercado para iniciar el proceso de selección y el 20 de enero del 2017 se radicó la solicitud para dar inicio al proceso de contratación.
Se prevé que el nuevo contrato sea adjudicado a comienzos de marzo y que antes de finalizar el 2017 se tengan instalados los dos ascensores nuevos. Hoy el IDU realiza un trámite de alquiler de un ascensor provisional.
Si hay oferentes en el mercado, se prevé que en abril se tenga un ascensor temporal mientras se entregan los definitivos.
EL TIEMPO intentó comunicarse con Álvaro Niño Cortés pero la comunicación fue imposible.
CAROL MALAVER
Subeditora de EL TIEMPO
Escríbanos a carmal@eltiempo.com