No entendemos la parsimonia de las Farc para entregar a los menores de edad que aún permanecen en sus filas, a sabiendas de que serán juzgados por tal delito en el Tribunal Especial de Paz. Reticencia que ha servido para oxigenar la oposición al proceso de paz, generar incertidumbre y evidenciar la falta de compromiso con los acuerdos plenamente vigentes.
En la medida en que se vayan resolviendo esta y otras dificultades, tanto el proceso como el país en general accederán a nuevos escenarios para abordar las que se han quedado huérfanas del debate público nacional, porque el conflicto armado las volvió invisibles o las subvaloró. Por citar algunas de tales dificultades: la corrupción, los conflictos de convivencia (ojalá mengüen con el nuevo Código de Policía), la justicia, la inequidad social, el clientelismo, la renovación política y otras reivindicaciones sociales. Sobre ellas, y muy posiblemente otras, se volcará la atención nacional.
Que el Congreso de la República cumpla con la implementación de los acuerdos, y que las Farc no los quebranten, para que los colombianos nos concentremos en la resolución de los temas enunciados. Quienes insistan en buscarles peros a los acuerdos de paz y a su implementación quedarán rezagados ante el nuevo escenario electoral, que exigirá una mayor rendición de cuentas de los políticos y los partidos, y nuevas alternativas ante la presencia de un electorado que votará por líderes muy distintos a los que hoy dominan el ámbito nacional.
Para el 2018, las Farc se habrán desmovilizado, desarmado y convertido en partido político; así que los grandes anhelos de renovación y cambio alcanzarán mayor ímpetu. El peligro, entonces, consistirá en que las fuerzas progresistas y demócratas no dimensionen el nuevo escenario y que surja algún ‘mesías’ al estilo Trump con la pretensión de capitalizarlo. Ese personaje no será Álvaro Uribe ni ningún militante del Centro Democrático, porque para ese momento habrán agotado el discurso belicista y el populismo desaforado que enarbolan.
Pero hasta ahora tampoco aparecen como canalizadores de estas tendencias los demás partidos políticos. La ciudadanía saldrá a votar sin presiones de grupos armados o al menos al nivel que hasta ahora conocíamos, y seguramente repudiará todo lo que representen el establecimiento, las mafias, el crimen organizado y la politiquería. Este será uno de los valores agregados del posconflicto, junto con la construcción de una inédita ruta de reconciliación. La conciencia ciudadana tomará mayores bríos en el horizonte de paz que se avizora.
Pero debemos ser enfáticos: todo eso será posible si avanzamos en la implementación y consolidación de los acuerdos de paz, tal como lo está haciendo el Congreso de la República. También debemos estar alerta ante la inminente política de exterminio contra defensores de DD. HH., líderes sociales y desmovilizados, crímenes que quieren repetir sectores afines a la extrema derecha.
En el entretanto, al ELN solo le queda la alternativa de negociar; de lo contrario, Gobierno y FF. MM. tendrán que golpear certeramente sus estructuras, fórmula extensible a las ‘bacrim’. En todo caso, si algo debió aprender el Estado colombiano de anteriores procesos de paz, es que debe disponer de un plan de consolidación integral y de ocupación de los territorios que abandonen las guerrillas y la delincuencia organizada. De lo contrario, este vacío lo llenan otros actores para reafirmar que subsiste una enorme debilidad institucional en este campo.
Habrá que esperar los efectos de los cambios que se produzcan con el gobierno Trump: si decide o no apoyar el proceso de paz, o hacerlo parcialmente. De todas maneras, los colombianos tenemos que demostrar grandeza para concretarlo plenamente, a pesar de la antipatriótica actitud de algunos miembros de la oposición política.
Jaime Fajardo Landaeta
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