Sobre la premisa de que el Código Nacional de Policía y Convivencia que entra en vigencia este lunes en el país no es represivo sino preventivo, el presidente Juan Manuel Santos anunció este domingo que por espacio de seis meses sus sanciones serán de carácter pedagógico.
Por tanto, las multas, algunas de las cuales superan los 700.000 pesos, no se aplicarán sino a partir del 30 de julio.
“Es un ‘manual de convivencia’ que contribuirá a la paz, a una mejor calidad de vida para todos. No es nada distinto a un marco de derechos y deberes para vivir en sociedad, respetándonos los unos a los otros”, afirmó Santos. Y agregó: “Este Código no es para encarcelar a más gente. Sí es para prevenir y evitar que problemas de convivencia se conviertan en asuntos penales”.
Esto no significa que el Código va a quedarse engavetado. Desde hoy, todos los policías del país –más de 180.000– tienen en su dotación una libreta de comparendos que aunque no darán lugar a la multa, sí irán al Registro Nacional de Medidas Correctivas. Cada comparendo pedagógico será reportado máximo en 24 horas por el uniformado ante las inspecciones de Policía. Se espera que en seis meses, los comparendos sean electrónicos.
Para salir del registro de medidas correctivas, el ciudadano amonestado deberá cumplir con la totalidad de las actividades pedagógicas impuestas.
Desde hace cinco meses, los integrantes de la Policía se han capacitado en el conocimiento y la implementación del Código, capacitación que se mantendrá en los próximos 180 días en las 23 escuelas de formación de los uniformados. 1.102 alcaldes se capacitaron y 2.500 inspectores de Policía. Sobre estos últimos, en estos seis meses se espera que el número se triplique.
Los sancionados deberán acudir a un curso pedagógico que no durará más de dos horas o compensar con una actividad comunitaria que será definida, según el caso, por el inspector de Policía de la zona o por el alcalde del municipio.
Quien no cumpla con este requisito empezará a figurar en una lista de ‘morosos’ que, pasados los seis meses, sí dará lugar a consecuencias. Entre ellas, no poder contratar con el Estado y no clasificar, por ejemplo, para cupos en educación pública.
A partir de hoy, los policías empezarán a visitar a las comunidades de su cuadrante para recabar información sobre la problemática del delito o de actividades que generen conflictos de convivencia.
En esta primera semana de implementación, Bogotá se enfocará en los colados de TransMilenio. “Hay temas priorizados por el Alcalde que son riñas, colados en TransMilenio, basuras, ruidos y grafitis no artísticos. En esto establecimos unos protocolos de acción porque no son delitos, sino contravenciones”, aseguró el secretario de Seguridad, Daniel Mejía.
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El funcionario agregó que la Secretaría de Gobierno está trabajando en aumentar el número de inspectores de Policía para hacerles frente a los retos que se vienen con la implementación del Código.
En cada municipio o ciudad se hará el mismo ejercicio y se espera que en 15 días haya un diagnóstico sectorizado que, en el papel, debe dar lugar a un plan de acción pedagógico. Así que los ciudadanos no deben sorprenderse si, por ejemplo, los uniformados llegan a su puerta y les reportan quejas de sus vecinos por sacar la basura en días de no recolección o por el ruido en las fiestas.
EL TIEMPO conoció que en estos seis meses, las autoridades locales y nacionales se pondrán al día en las adecuaciones que exigen los 243 artículos del nuevo Código.
Así, hay orden de priorizar la disponibilidad de los Centros de Atención y Protección a las Personas, que son aquellos lugares que deben ser dispuestos por las alcaldías para trasladar a los adultos en estado de enajenación (por consumo de licor, drogas, exaltación) para su protección.
En el caso de Bogotá, ese lugar ya está adecuado. Se trata de la antigua Unidad Permanente de Justicia (UPJ), de Paloquemao. Además, se debe crear un centro de protección para los menores de edad. Estas dos instalaciones son obligatorias en poblaciones mayores a los 100.000 habitantes.
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Cierre de locales
Aunque las sanciones económicas no operan aún, sí están en vigencia desde hoy medidas como el cierre cautelar de negocios sin licencia, que son uno de los grandes dolores de cabeza de los ciudadanos.
Según la Policía, uno de los grandes logros del Código es la posibilidad de intervenir directamente sobre la actividad económica que se desarrolle en lugares determinados. “Desde hoy podemos suspender o cerrar un lugar; por ejemplo, que no pueda sustentar la tenencia de equipos celulares. Se parte de la base de que son hurtados”, dice una fuente de la institución.
El inspector tendrá 45 días para definir la situación del punto de comercio. Hoy, la aplicación de una medida de cierre se demora entre 5 o 6 años. Esto será clave en las quejas por la apertura de bares o sitios de prostitución en zonas no autorizadas y en el control de los llamados clubes privados, que son amanecederos y que se utilizan para violar las horas de cierre de los centros nocturnos.
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Los uniformados de la Dirección de Infancia y Adolescencia harán énfasis en la pedagogía de la atención del menor y la vulneración de sus derechos, con jornadas en las instituciones educativas a las que podrán ingresar sin restricciones para verificar el porte de armas blancas, el consumo de bebidas embriagantes o de sustancias alucinógenas.
Los alcaldes de las ciudades capitales ya firmaron los convenios con los bancos para el recaudo del pago de las multas, situación que deben adoptar los alcaldes de todo el país.
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