Las movilizaciones no pararon el fin de semana en Estados Unidos tras la prohibición de entrada al país decretada por el presidente Donald Trump contra refugiados y ciudadanos de siete países musulmanes, pese a una victoria parcial obtenida el sábado ante la justicia.
El decreto, que entró en vigor el viernes, prohíbe el ingreso durante 120 días a EE. UU. de todos los refugiados, sea cual sea su origen, y durante 90 días a ciudadanos de siete países de mayoría musulmana: Irak, Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen.
Aunque al principio parecía que la medida alcanzaba también a quienes tienen permisos de residencia permanente (‘green card’ o tarjeta verde), el secretario general de la Casa Blanca, Reince Priebus, precisó que “no los afecta”, aunque podrían ser interrogados a su llegada al país.
Esta aclaración no tranquilizó a los iraníes residentes en EE. UU. que actualmente se encuentran fuera del país. “La Administración se contradice a cada momento”, dijo Trita Parsi, presidente del Consejo Nacional Estadounidense-Iraní. “Hace falta que sea puesto por escrito para estar seguros”.
“Esto no es una sanción a los musulmanes, como la prensa está reportando falsamente”, dijo Trump este domingo en un comunicado. “Esto no se trata de religión, esto se trata del terrorismo y mantener seguro a nuestro país. Hay más de 40 países de mayoría musulmana en el mundo que no se han visto afectados por esta orden”. “Volveremos a emitir visas a todos los países una vez que nos aseguremos haber revisado e implementado políticas más seguras en los próximos 90 días”, agregó.
Aún así, la confusión reina en los aeropuertos de EE. UU. desde el viernes, donde los agentes de inmigración no tienen directivas claras.
(También: Una semana de cambios radicales por cuenta de Donald Trump)
Cientos de personas se manifiestan contra el decreto de Trump en las terminales de Nueva York, San Francisco, Dallas o Seattle. El sábado, una jueza federal de Nueva York, a instancias de asociaciones de defensa de derechos humanos tras la detención de dos ciudadanos iraquíes, prohibió las deportaciones de personas detenidas que hubieran arribado con su documentación en regla en todos los aeropuertos estadounidenses. Pero el decreto sigue en vigor en todo el mundo, y las aerolíneas se rehúsan a embarcar a los ciudadanos de los países alcanzados por la medida, aunque tengan la visa.
Irán es hasta ahora uno de los países más afectados por la cantidad de ciudadanos con visas de trabajo o estudio de EE. UU. Teherán, en respuesta, instauró medidas similares contra los estadounidenses.
Entretanto, las oleadas de indignación atraviesan el mundo musulmán, y la Liga Árabe denunció como “restricciones injustificadas” las prohibiciones impuestas por Trump. En Europa, el presidente francés François Hollande y la canciller alemana Ángela Merkel se sumaron a las críticas. Según un portavoz, Merkel explicó al presidente Trump las obligaciones que marca la Convención de Ginebra sobre la acogida de refugiados, en su conversación telefónica del sábado.
La oposición demócrata pidió que se retire el decreto y denunció su carácter contrario a los valores estadounidenses y su ineficacia en la lucha contra la amenaza yihadista. En el seno de la mayoría republicana, el malestar también era perceptible: pocos legisladores han defendido públicamente el decreto de Trump y un puñado de ellos lo ha condenado total o parcialmente.
¿Por religión?
Para el legislador republicano Justin Amash, el decreto parece estar más motivado por cuestiones políticas que de seguridad. “Si uno se preocupa del radicalismo/terrorismo, ¿por qué no Arabia Saudí, Pakistán y otros?”, dijo.
“Los tribunales juzgarán si ha ido demasiado lejos”, comentó Mitch McConnell, jefe de la mayoría del Senado en la cadena ABC. Será en efecto ante la justicia donde se decidirá la suerte del decreto. El fallo de urgencia dictado por la jueza de Nueva York se añadió a otros tres que bloquean las expulsiones, si bien ninguno hace referencia a la constitucionalidad o no de la decisión presidencial.
Por su parte, la Casa Blanca defiende que se trata de un acto para “no dejar que se infiltre gente que pretenda perjudicarnos”, afirmó Spicer. El Ejecutivo deberá defenderse también de una acusación de discriminación religiosa. Tras el periodo de 120 días, el decreto estipula que se dará prioridad a los refugiados perseguidos por su religión, una frase que apunta implícitamente a proteger a los cristianos de Siria y de Irak.
Canadá ofrece residencia temporal
El gobierno de Canadá dará residencia temporal a los que quedaron varados en ese país tras la decisión de EE. UU. El ministro de Inmigración, Ahmed Hussen, confirmó que la Casa Blanca clarificó a Canadá que los ciudadanos de ese país con doble nacionalidad y los residentes permanentes en Canadá procedentes de las naciones afectadas no están perjudicados por la norma. Aerolíneas como KLM, Air France o Brussels Airlines dijeron que deben cumplir la orden y desviar a los pasajeros de los siete países. Se conoció que pilotos de esos territorios tampoco pueden entrar.
AFP-EFE
Washington