Por causa de una ley impulsada por el senador del Polo Democrático Alexánder López, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) estaba quedando al borde de su desaparición, según admitió su directora, Cristina Plazas.
La ley, mediante la cual se proponía aumentar la planta del ICBF en 1.200 por ciento, incorporando a 60.000 madres comunitarias a la nómina de la entidad, tenía un impacto fiscal por encima de los 6 billones de pesos, sin cuantificar todos los costos, por lo cual el presidente Juan Manuel Santos la objetó.
Cuando la ley llegó a la Casa de Nariño, para la sanción presidencial, las sorpresas fueron muchas. Y la primera fue cómo una norma, a juicio del Gobierno, “inconstitucional” e “imposible de cumplir desde el punto de vista fiscal”, había logrado superar los cuatro debates de rigor, con el apoyo de mayorías plenas.
Las leyes que implican gasto público requieren el concepto del Gobierno. Y en este caso el Ministerio de Hacienda se opuso.
“En dos oportunidades el Ministerio de Hacienda rindió concepto negativo sobre este proyecto de ley, advirtiendo el impacto fiscal de las medidas adoptadas, particularmente de la vinculación directa de las madres comunitarias, Fami, sustitutas y tutoras del ICBF, del subsidio de vejez y del otorgamiento de educación gratuita para ellas”, expresó la Casa de Nariño.
En las reuniones hechas en Palacio para examinar la norma, Plazas dijo que “de prosperar la ley, habría que acabar con la entidad”.
Escandalosas cifras
Si Santos hubiera sancionado la ley, el ICBF habría pasado de una nómina de 5.127 cargos a una de más de 65.000. Eso habría significado un incremento de $ 654.000 millones por año.
Como la ley decía que el Estado tenía que financiar arreglos locativos en las viviendas de las más de 60.000 madres comunitarias, esto costaría $ 643.000 millones adicionales. El pasivo pensional se habría incrementado en 4,5 billones de pesos, porque la ley decía que las madres comunitarias se podían jubilar solo con cumplir la edad.
La directora del ICBF, Cristina Plazas, tiene el temor de que la vigencia de esta ley habría abierto un agujero para que unas 250.000 personas que trabajan de manera indirecta para la institución con otros operadores exigieran las mismas condiciones laborales, “lo que sería aún más grave”.
Solo las Fuerzas Armadas o el magisterio tienen una planta de personal de esas dimensiones.
El presupuesto anual del ICBF en la actualidad es de cerca de $ 5,4 billones, y con él se atienden a cerca de 4 millones de niños desde cero hasta 18 años, en diversos programas.
La vinculación de estas mujeres a la nómina estatal implicaría, además, que tendrían que someterse a concurso de méritos, como ocurre con los servidores públicos, y muchas de ellas podrían perder sus posiciones a manos de otras más preparadas.
Asociaciones que congregan madres comunitarias justificaron la vigencia de la ley con el argumento de que muchos operadores no les cancelan sus obligaciones salariales ni prestacionales e hicieron saber que preparan acciones contra la decisión del Gobierno.
El proceso
El programa de madres comunitarias nació en 1986 en Bogotá, como una iniciativa particular de mujeres de estratos 1, 2 y 3 que se ofrecían a cuidar en sus casas a los hijos de padres que trabajaban, pero que pagaban este servicio con sus propios recursos.
Esta actividad ganó credibilidad y espacio político, y poco a poco recibió ayuda del Estado. Dirigentes políticos también montaron sobre esta estructura sus campañas y comprometieron más ayuda estatal.
La Corte Constitucional, en atención a acciones de tutela, ha ordenado al ICBF reconocerles a madres comunitarias el pago de salarios y pensiones.
En el 2014 las madres fueron formalizadas, y en la actualidad reciben un salario mínimo mensual con todas las prestaciones sociales, que pagan los operadores, con recursos del ICBF. Tras la decisión del Presidente de objetar la ley, grupos de madres han anunciado paros.
‘Eso son mentiras’
Olinda García, integrante de Sintracihobi, organización que dice representar a más de 25.000 madres comunitarias, responde sobre la objeción del Gobierno al proyecto de ley.
El ICBF insiste en que no se les están vulnerando los derechos al objetar esta ley, ¿qué responde?
Claro que sí nos los están vulnerando porque con las contrataciones tercerizadas del ICBF a través de oenegés a veces no nos pagan seguridad social o hay retraso en los salarios. Queremos que el ICBF sea nuestro jefe directo, que nos paguen todo.
¿Por qué el afán de estar en la nómina del Estado?
Lo que queremos es que sea el Bienestar quien nos contrate. Hay unas oenegés que se roban nuestros sueldos.
El ICBF también sostiene que si la ley entra en vigencia quebraría al Estado...
Yo no sé de dónde saca el Gobierno que se aumentaría el presupuesto, pues nuestros sueldos ya están pagándose desde el 2014. Eso son mentiras, son demagogias de Cristina Plazas y del Gobierno para disfrazar las cosas y que la gente se confunda.
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