En medio de las protestas en Bogotá por el regreso de las corridas de toros a la plaza de Santamaría –manifestaciones que terminaron infiltradas por los violentos e intereses políticos–, la Corte Constitucional se apresta a tomar una decisión que cerrará el debate sobre si se debe o no prohibir y sancionar con cárcel la realización de estas actividades en todo el país.
La Corte estudia dos demandas contra la ley contra el maltrato animal que el Congreso expidió el año pasado. Esa norma impuso penas de 1 a 3 años de prisión para quienes les hagan daño a los animales, pero dejó por fuera de cualquier castigo las corridas de toros, el rejoneo, las novilladas, el coleo, las corralejas y las peleas de gallos, afirmando que están permitidas por su tradición cultural.
Tres personas demandaron la ley –dos de esos casos fueron acumulados en una sola demanda–porque consideran que no hay razón para dejar por fuera de la prohibición de maltratar a los animales al toreo y las otras actividades populares que implican su sufrimiento. Reclaman el cumplimiento de la Declaración Universal sobre los Derechos de los Animales, que proscribe las prácticas de maltrato.
En la Corte Constitucional, los debates han sido intensos. Por un lado, el magistrado Alejandro Linares –ponente de una de las demandas– ha dicho que se deben mantener las excepciones y permitir las corridas, reconocidas por la misma Corte en el 2010 como actividad cultural que está regulada. De otro lado, el magistrado Alberto Rojas, ponente de la otra demanda, buscaría que se mantenga la tauromaquia pero sin que se maltrate a los toros.
Fuentes cercanas a la Corte aseguran que se estaría cocinando una tercera vía para resolver la división sobre los toros: un acuerdo entre cinco de los nueve magistrados para que la decisión final sea ordenarle al Congreso que en dos años legisle sobre el tema –de hecho, ya lo está haciendo–, y si no hay una ley en ese tiempo, las corridas quedarían prohibidas.
Los magistrados que estarían a favor de esa vía serían María Victoria Calle, Jorge Iván Palacio, Gabriel Eduardo Mendoza –quienes en un fallo del 2010 sobre toros se apartaron de la decisión con que la Corte mantuvo esta práctica, pero no alcanzaron a ser mayoría–, sumados a Luis Ernesto Vargas y al magistrado encargado Aquiles Arrieta.
El debate cuenta con la opinión de varias instituciones que consignaron sus conceptos en el expediente.
La Fiscalía, por ejemplo, le dijo a la Corte que no está de acuerdo con la criminalización del maltrato animal, por lo que calificó a la ley que lo penaliza como “una política reactiva, populista, poco reflexiva, volátil, incoherente y subordinada a la política de seguridad”. Su punto es que debe haber otro tipo de sanciones para estas prácticas, pero no por la vía penal.
Por eso, la Fiscalía va más allá de pedir que no se penalice el toreo y le pide a la Corte que tumbe las normas que imponen prisión por la violencia contra los animales. Considera que es desproporcionado enviar a prisión a quien incurra en esas conductas. Dice que hay medidas más efectivas, como las multas y contravenciones, que ya existían desde la Ley 84 de 1989, que creó un estatuto de protección para los animales.
Aunque polémica, pues los animalistas piensan que la ley que penalizó el maltrato animal, y que ahora quieren extender a los toros, permitirá reducir estos casos, la posición de la Fiscalía va en la misma vía de lo sostenido por el Consejo de Política Criminal.
Cuando se estaba tramitando en el Congreso la norma que hoy está demandada en la Corte, ese Consejo dijo que imponer penas por ese delito es “inadmisible”, pues “la pena ha de ser considerada cuando las alternativas de protección, tutela y solución de los conflictos por otros mecanismos han fallado y, por tanto, no existe otro recurso más que la restricción intensa de los derechos de quienes son hallados penalmente responsables”.
Y el concepto de la Procuraduría tampoco favorece a los que quieren penalizar las corridas: el documento que envió a la Corte dice que la Declaración Universal sobre los Derechos de los Animales no puede ser reconocida como parte del bloque de constitucionalidad colombiano, con implicaciones en la legislación del país.
Esto porque, dice el Ministerio Público, no es un tratado sino una declaración, lo que hace que no obligue a ningún Estado a actuar según sus pautas.
“No existe ningún motivo para considerar que lo dispuesto en el artículo tercero de esa declaración (el que prohíbe el maltrato contra todos los animales) ha sido aceptado por el Estado colombiano como un principio general del derecho”, dice la Procuraduría.
El Ministerio de Justicia también envió un concepto en el que da su opinión sobre una de las frases de la ley de maltrato animal y que establece que los ciudadanos deben abstenerse de cualquier acto “injustificado” de violencia contra los animales, lo que a juicio del demandante daría lugar a que otras acciones de maltrato sí tengan justificación, como el toreo.
La cartera de Justicia dice que esa frase debe mantenerse porque “de lo contrario, se estaría afirmando que cualquier tipo de acto, incluso aquellos que responden a una circunstancia de justificación, como los casos de sacrificio animal para proveer la alimentación o cuando se repele a través de la fuerza un inminente ataque de un animal salvaje, deben entrar en el campo de la responsabilidad penal”.
A la Corte también llegó el concepto de la Corporación Autónoma de Cundinamarca, que asegura que se deben tumbar las normas que penalizan el maltrato a los animales, porque en la actualidad “ya hay varias disposiciones en materia de protección del medioambiente y, en particular, de la flora y la fauna”.
Magistrados, recusados
En la demanda que quiere tumbar la tauromaquia, la Corte también debe decidir sobre una recusación que presentó el año pasado el periodista Alfredo Molano. Según el cronista de toros, los magistrados María Victoria Calle y Luis Ernesto Vargas deberían apartarse de la decisión porque en anteriores oportunidades se han manifestado en contra de estos eventos.
Molano dice, por ejemplo, que Calle participó en un foro contra el maltrato animal en el que abiertamente se manifestó en contra de las corridas.
JUSTICIA