La presión del país para que las Farc cumplan con su compromiso de devolver a los menores reclutados en sus filas forzó a que la guerrilla pusiera en marcha todo un procedimiento para que la totalidad de los niños que permanecen en su tropa –finalmente– puedan regresar al seno de sus familias.
La última semana fue especialmente crítica en este sentido luego de que los ojos del país político y de la opinión pública se posaran sobre los líderes de las Farc para cuestionarles por qué no habían devuelto a los menores de edad en su poder.
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En varias ocasiones (cinco, según el alto comisionado de Paz, Sergio Jaramillo) la guerrilla de las Farc se había comprometido a desvincular a los niños de sus filas y hasta el momento no había dado muchos pasos en ese sentido.
En esta ocasión, Gobierno, partidos políticos y sociedad civil en general cerraron filas para exigir de ese grupo armado el inmediato regreso de los niños que han tenido que vivir las atrocidades de la guerra.
Y el clamor funcionó. El pasado jueves, Gobierno y guerrilla anunciaron la activación de una serie de protocolos para que los menores –que hasta hace poco padecieron los horrores del conflicto– regresen por fin a sus hogares.
Para esto, se establecerán 10 sitios cerca de las zonas en las cuales las Farc se desarmarán, a los cuales los menores en poder de la guerrilla deberán llegar para recibir la atención del Gobierno.
La ministra de Trabajo, Clara López, y el director de la Agencia Colombiana para la Reintegración, Joshua Mitrotti Ventura, del lado oficial, y Pastor Alape, de parte de la guerrilla, fueron los encargados de hacer el anuncio.
En este proceso, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) también tendrá un papel clave, ya que será el encargado del restablecimiento de los derechos y los beneficios para los niños por parte del Estado.
Pese a que Alape declinó comprometerse con una fecha, la consejera presidencial para los Derechos Humanos, Paula Gaviria, aseguró que los menores que aún sostienen armas comenzarán su tránsito hacia la vida civil el próximo martes.
Presión política
El pasado martes en la mañana, el exjefe del equipo negociador del Gobierno en La Habana, Humberto de la Calle, puso el dedo en la llaga cuando dijo que los líderes de las Farc “no pueden seguir tomando el pelo con el tema de los menores”.
“La guerrilla tiene que entender que entró en una fase distinta y que eso implica responsabilidad”, afirmó De la Calle de manera contundente.
Ese mismo día, el expresidente y jefe máximo del Centro Democrático, Álvaro Uribe, escribió en Twitter: “Propondremos aplazar votación en plenarias de Justicia para Farc hasta que entreguen los niños secuestrados”.
El exmandatario se refería al proyecto de acto legislativo que crea la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a la que deberán concurrir los excombatientes señalados de delitos atroces.
La presión la completó el presidente del Congreso, Mauricio Lizcano, al nombrar una subcomisión exclusivamente para que indagara –en instancias como el Gobierno, la Fiscalía y las Naciones Unidas– el paradero y el número exacto de los menores en poder de las Farc.
“Si es necesario ir hasta las zonas de ubicación, lo haremos”, sentenció Lizcano en ese momento.
Otras voces
El copresidente de ‘la U’ Armando Benedetti se sumó a esta exigencia y afirmó que era “lógica”, ya que “el Congreso les ha cumplido (a las Farc) con legislar sobre la paz”.
Claudia López, senadora por Alianza Verde y una de las más decididas defensoras del proceso de paz, dijo que “todos” los jefes de las Farc “pasaron de criminales a anunciadores”, pidió “no más anuncios” y que “entreguen” a los niños ya.
Incluso en los pasillos del Congreso se llegó a hablar de que la implementación del acuerdo podría tambalear si la guerrilla no cumplía con este compromiso, algo que el Gobierno desmintió de manera categórica.
Toda esta presión terminó en el anuncio de que desde este martes los menores reclutados comenzarían a retornar de la guerra.
Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), no dudó en afirmar que “la presión ciudadana” fue clave para dar este paso.
“Volvimos los ojos sobre la probable existencia de menores como parte de los efectivos de las Farc”, dijo Restrepo.
El director de Indepaz, Camilo González Posso, afirmó que “toda la presión de la ciudadanía a favor de los derechos de los niños cumplió un papel positivo”.
Para el experto, esta labor de “veeduría” o “vigilancia” de la sociedad civil ayudó mucho.
“El Gobierno tiene la decisión de implementar los acuerdos y las Farc también, y la ciudadanía está controlando. Ese es el papel que corresponde: seguir presionando y ayudando”, dijo González Posso.
La académica de la Universidad Javeriana Patricia Muñoz Yi dijo que la decisión de devolver a los menores reclutados fue el “resultado de una combinación de factores”.
“Esos hechos sobre los que la sociedad civil se pronuncia y los partidos empiezan a pensar en implementar medidas resultan importantísimos para presionar a los actores responsables del cumplimiento de los acuerdos”, afirmó Muñoz.
El anuncio está hecho y sin duda la ciudadanía estará vigilando que las Farc cumplan con su compromiso, uno de los clamores más grandes de la sociedad.
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‘Salida de menores será progresiva’
Paula Gaviria, consejera presidencial de DD. HH.
¿Cuántos menores saldrán de las Farc?
Hay un compromiso de las Farc de entregarnos esa información para poder organizarnos.
¿Por qué no hay un consolidado?
Ese es un trabajo de las Farc y que se ha tardado porque no es fácil la comunicación con todos los frentes para poder consolidar las listas. Pero esta vez no hay más tiempo para que cumplan esa responsabilidad.
¿Desde cuándo se dará la salida de los menores?
A partir del 31 de enero, cuando las Farc ya deberán estar agrupadas, se podrá empezar a dar la salida, con aprobación nuestra. Será una salida progresiva.
Una vez que reciban a los niños, ¿qué pasará con ellos?
Hacemos un diagnóstico de su estado e identificamos a sus familias para revisar si son entornos protectores para ellos. Es un periodo en el que el Estado debe revisar su identidad y su proyecto de vida.
Las posibles razones de la demora
Esta semana, la guerrilla afirmó que entre las razones por las cuales no ha devuelto a los menores está que el Estado no ha cumplido con el tratamiento acordado para ellos.
La consejera presidencial para los Derechos Humanos, Paula Gaviria, negó esto y dijo que lo que se busca es “darles (a los niños) todas las garantías para que se desarrollen libremente. Hoy todos están en contacto con sus familias”.
Y el comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, no descartó que la tardanza en la liberación de los menores podría obedecer a temores jurídicos de las Farc, que pagarían muy duro como organización el reclutamiento de los menores para la guerra, pero enfatizó en que lo primero es “lo humanitario”.
Según Gaviria, hasta ahora han devuelto a 13 menores.
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