Ya comenzó oficialmente el programa de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos en zonas de influencia de las Farc, en desarrollo del acuerdo de paz de La Habana, y se extenderá a 40 municipios.
El consejero para el Posconflicto, Rafael Pardo, explicó este viernes que en las poblaciones donde se priorizará la sustitución voluntaria de las siembras ilegales se cultiva el 50 por ciento de la hoja de coca del país. (Lea también: 'No somos guerrilleros ni narcotraficantes': vocero de Coccam)
La Fuerza Pública garantizará la seguridad de las comunidades que van a erradicar los cultivos. Se trata de prevenir presiones de grupos armados ilegales.
El proceso comenzará en los municipios en los que ya hay acuerdos con las comunidades. En principio son Cumaribo, en el Vichada, y Montañitas, en el Caquetá. En el primero, con el acuerdo suscrito en octubre pasado, se beneficiarán unas 189 familias, quienes recibirán un sustento económico mientras hacen la transición.
En total, el plan de erradicación apoyado por Farc incluye este año la sustitución de 50.000 hectáreas.
El consejo de dirección del programa de erradicación contará con miembros de las Farc y de las familias que viven de los cultivos ilícitos. Según la ONU, unas 74.500 familias viven hoy en Colombia de los sembrados de hoja de coca.
Las Farc, según lo acordado con el Gobierno, “tendrán la responsabilidad de acompañar y promover de manera directa la llegada del programa a los territorios más afectados, con el fin de socializar y afianzar su compromiso con la solución definitiva al problema de las drogas ilícitas”, dijo el jefe guerrillero ‘Pastor Alape’ (Félix Antonio Muñoz), quien acompañó a Pardo en el anuncio. (Además: Asociaciones de cultivadores ilícitos deben desaparecer: Eduardo Díaz)
Por su lado, Eduardo Díaz, encargado de la Agencia para la Sustitución de Cultivos Ilícitos, afirmó que por cada familia que erradique el Gobierno invertirá alrededor de 33 millones de pesos. Una cifra que, según el consejero presidencial para el Posconflicto, es menor que lo que gasta el Gobierno en fumigación de los cultivos.
Cada fumigación, dijo Pardo, cuesta 20 millones de pesos, pero debe hacerse hasta cinco veces por hectárea. “La inversión en sustitución voluntaria produce resultados sostenibles, genera oportunidades territoriales e incide en la calidad de vida. Sin renunciar a la erradicación forzosa, el Gobierno aspira a que esta alternativa, por su costo-eficiencia, sea el instrumento predominante de reducción de cultivos de uso ilícito”, agregó Pardo.
En total, la sustitución voluntaria contará con un billón de pesos puestos por el Gobierno y solo atenderá a los cultivadores que hayan sembrado antes del 10 julio de 2016, cuando inició el plan piloto en Briceño, Antioquia.
Los beneficios para los cultivadores
Las familias que se comprometan con la sustitución voluntaria, la no resiembra y a no involucrarse con la comercialización ilegal de las material primas para esas actividades se beneficiarán durante el primer año de un millón de pesos mensuales, como remuneración por la sustitución de cultivos, la preparación de tierras para siembras legales o trabajo en obras comunitarias. (También: En medio de polémica, nace red de cultivadores de coca y marihuana)
Los campesinos que no tengan cultivos ilícitos también se podrán beneficiar de esto si ayudan en la erradicación.
También habrá una única ayuda de 1’800.000 pesos para la implementación de proyectos de autosostenimiento y seguridad alimentaria y cría de especies menores.
Y a las familias se les entregarán, una sola vez, nueve millones de pesos para piscicultura o avicultura, por ejemplo.
A partir del segundo año, el Gobierno invertirá por familia hasta diez millones de pesos para sufragar mano de obra y creará una línea de crédito especial.
Además, serán asesoradas por unos 660 técnicos y profesionales agropecuarios.
UNIDAD PAZ