“Para el Eln, colocarle tiempos a la paz es obstruirla” responde ‘Gabino’ al llamado urgente a concretar la negociación formulado por líderes sociales y académicos. Pero derrochar el tiempo se paga caro.
Se han perdido ya diez meses desde el 30 de marzo del 2016, cuando –luego de más de tres años de contactos– se anunció un preacuerdo sobre la agenda. Esa demora aumentó la desconfianza que habían dejado los sucesivos fracasos de años de diálogos iniciados con el Eln en Colombia, Venezuela, México, España, Suiza, Alemania y Cuba.
Si cumplen las fechas acordadas, el 7 de febrero arranca finalmente la mesa, que deberá acelerarse porque el tiempo ha corrido en su contra. En el 2017, la paz entrará en el complicado juego electoral colombiano, y el entorno internacional se ha tornado hostil con Trump en el poder.
Más que insistir en la realización de otro periplo –ahora por Ecuador, Brasil, Chile, Venezuela y Cuba–, el Eln deberá concentrar sus esfuerzos en demostrar, aquí y ahora, real voluntad para poner fin a la acción armada y capacidad para mantener su cohesión interna en la negociación. Los cambios anhelados podrán llegar más pronto si ponen todo su esfuerzo y confianza en la lucha social y política, renunciando definitivamente al secuestro, la extorsión y las armas.
El Gobierno, por su parte, está obligado a impedir los atentados contra líderes sociales, que no son hechos aislados, a abrirles paso a las reformas y a comenzar a construir una presencia estatal integral en todo el país.
Ayudaría a la paz el logro de un pronto acuerdo sobre los dos puntos que la mesa deberá procesar ahora: el de asuntos humanitarios (como el desescalamiento del conflicto armado y la reparación de las víctimas) y el de la participación social.
Para que la participación de la sociedad sea efectiva se requiere fijar una metodología precisa, así como mecanismos y plazos bien definidos. De la improvisación y la dilación solo medran los enemigos del acuerdo. La participación no puede limitarse a los simpatizantes de una u otra de las partes. Allí deben estar presentes, según el debate, organizaciones sociales, sindicales, culturales, ambientales y empresariales, jóvenes que se movilizan en favor de la paz, quienes apoyan a las víctimas, trabajan contra las inequidades o luchan por el respeto a las diferencias o la inclusión social.
Con el fin de que las comunidades y los actores sociales los nutran con sus iniciativas, en los debates deben entrar, ante todo, los puntos ya convenidos en la agenda de negociación y los problemas que han alimentado el conflicto armado en regiones donde este se concentró, como son las zonas minero-energéticas o de cultivos para mercados ilícitos. Buena parte de estas zonas se ubican en departamentos cercanos a Panamá, Ecuador y Venezuela, y han estado condenadas a vivir de la ilegalidad generada por grupos irregulares que articulan tráficos ilícitos transfronterizos de gasolina, drogas, armas, explosivos, maderas, etc. Esas comunidades deben ser oídas y apoyadas para que pronto puedan liberarse de las economías y regulaciones ilegales, de la violencia y la corrupción, y se encaminen hacia la construcción de paz territorial y desarrollo con sostenibilidad social y ambiental.
Concretar la negociación con el Eln e implementar los acuerdos con las Farc son retos impostergables si se quiere poner fin definitivo al imperio de las armas en Colombia. Se juega aquí la suerte del país. El Eln y las Farc, el Estado y los grupos sociales autónomos que participen en los diálogos no pueden desperdiciar la oportunidad para construir una paz completa y duradera. De no ser así, el país quedaría abocado a otro medio siglo de confrontación autodestructiva.
Socorro Ramírez