Este viernes, el Gobierno y las Farc pusieron en marcha el programa para combatir el flagelo de los cultivos ilícitos del país a través de la sustitución de las primeras 50.000 hectáreas de esas siembras, en desarrollo del acuerdo de La Habana suscrito en noviembre pasado.
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El programa será liderado por la Presidencia de la República, en cabeza de la Consejería para el Posconflicto liderada por Rafael Pardo, y contará con la participación de las Farc.
La guerrilla “tendrá la responsabilidad de acompañar y promover de manera directa la llegada del programa a los territorios más afectados, con el fin de socializar y afianzar su compromiso con la solución definitiva al problema de las drogas ilícitas”, dijo el jefe guerrillero Pastor Alape (Félix Antonio Muñoz), presente en el anuncio.
En este plan, donde las comunidades jugarán un rol preponderante dentro de un consejo de dirección, ya cuenta con acuerdos de sustitución voluntaria poblaciones cocaleras de Montañita, en Caquetá, y del departamento de Vichada.
Eduardo Díaz, encargado de la Agencia para la sustitución de cultivos ilícitos, viajará este viernes a la vereda Caño Indio en Tibú, Norte de Santander, para intentar un acuerdo con las comunidades con las cuales no se ha podido concretar la sustitución, hecho que impidió que se fijará en ese punto uno de los 26 sitios de desarme a los que llegará la guerrilla el próximo 31 de enero.
“La meta es sustituir aproximadamente 50.000 hectáreas de cultivos de uso ilícito durante el primer año de su implementación en más de 40 municipios de los departamentos más afectados”, explicó el consejero Pardo, quien además dijo que en esos lugares priorizados tienen el 50 por ciento de siembras de coca del país.
El programa, que tendrá recursos exclusivos del Gobierno por un monto de un billón de pesos, “no atenderá a los cultivadores que hayan sembrado después del 10 julio de 2016”, afirmaron las Farc y el Gobierno. En esa fecha se puso en marcha la sustitución voluntaria de cultivos en Briceño, Antioquia.
Díaz afirmó que por familia el Gobierno invertirá en la sustitución alrededor de 33 millones de pesos. Para el consejero Pardo, una cifra mucho más conveniente que lo que gastan las fumigaciones. Cada una de ellas vale 20 millones de pesos, pero que se tienen que hacer cuatro o cinco veces por hectárea de siembra.
“Las fumigaciones no ayudan a la solución definitiva del problema de drogas ilícitas”, enfatizó Pardo, pero advirtió que para los narcotraficantes puros no se descarta la erradicación forzosa.
“La inversión en sustitución voluntaria produce resultados sostenibles, genera oportunidades territoriales e incide en la calidad de vida. Sin renunciar a la erradicación forzosa, el Gobierno Nacional aspira a que esta alternativa, por su costo-eficiencia, sea el instrumento predominante de reducción de cultivos de uso ilícito”, agregó Pardo.
Las familias cocaleras tendrán beneficios económicos y ayuda técnica para definir los nuevos cultivos. Se estima que más de 660 técnicos y profesionales agropecuarios se movilizarán para acompañar a las comunidades.
UNIDAD DE PAZ