Implementar nuevos impuestos verdes, aprovechar el catastro multipropósito y sancionar con pagos los usos inadecuados de la tierra son algunos de los caminos que puede tomar el país para reasignar recursos que financien la política ambiental.
Se estima que el 80 por ciento de los 187 municipios más afectados, por el conflicto, “no dispone de información catastral básica que permita saber sobre la propiedad, uso y explotación ambientalmente sostenible del territorio”.
Por eso, aportarle por esta vía más recursos a las cuentas verdes es una de las 15 recomendaciones que compila el informe “La paz y la protección ambiental en Colombia: Propuestas para un desarrollo rural sostenible”, de Lorenzo Morales, periodista y profesor del Centro de Estudios en Periodismo (CEPER) de la Universidad de los Andes, y que es apoyado por la Fundación Gordon y Betty Moore.
Este informe se basa en las de los participantes en una mesa redonda organizada por el Diálogo Interamericano en Bogotá en agosto del 2016 y en entrevistas con algunos participantes y otros expertos.
La reunión congregó a representantes de organizaciones ambientales e instituciones como el Ministerio del Posconflicto, la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, así como a líderes del sector privado en agricultura, hidrocarburos, infraestructura y minería.
El diagnóstico del reporte arroja datos importantes sobre la relación estrecha entre conflicto y medioambiente. Por ejemplo, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha identificado que, de los 125 municipios que necesitan atención especial en el posconflicto, el 90 por ciento tiene algún tipo de restricción ambiental en el uso de suelos.
Además, 41 de los 47 municipios con “prioridad alta” para la atención por la incidencia del conflicto tienen parques naturales o reservas forestales. Otros datos del Departamento Nacional de Planeación han estimado que por cada año de paz el país ahorraría 7,1 billones de pesos en costos evitados de degradación ambiental asociada a la confrontación armada.
Bajo ese contexto, los retos para un periodo de posacuerdo implican cambios en la institucionalidad y en los recursos asignados en el sector ambiental. Actualmente – reporta el informe- el gasto público en protección ambiental fue del 0,5 por ciento del total, mientras que el privado fue del 1 por ciento.
Estas son algunas de las recomendaciones de la publicación:
1. Acelerar la ejecución del nuevo catastro y aprobar el estatuto que reforma la normativa actual al respecto.
2. Articular la lucha contra el cambio climático, la conservación de biodiversidad, las iniciativas contra la degradación del suelo y la deforestación con los planes de acción del posconflicto.
3. Evitar ubicar a poblaciones vulnerables en tierras improductivas, ambientalmente frágiles, sin acceso a infraestructura o servicios básicos o altamente vulnerables al cambio climático, tales como zonas de deslizamiento o inundación.
4. Brindar acompañamiento técnico a los campesinos que retornen a sus tierras para evitar un aumento de la deforestación u otras afectaciones al medio ambiente.
5. Replicar la experiencia de delimitación de usos de páramos y humedales a otros ecosistemas con el fin de blindar a las áreas ambientales estratégicas.
6. Invertir los recursos por 4.1 billones de pesos, que traería el nuevo catastro, en infraestructura básica de agua, salud, educación y conservación.
7. Crear impuestos verdes que gravan actividades económicas con un impacto ambiental. En 2011, este tipo de impuestos contribuían apenas el 0,7% del Producto Interno Bruto.
8. Identificar a líderes ambientales en riesgo y ofrecer esquemas de seguridad oportunos que en lo posible eviten sacarlos de sus zonas de trabajo.
9. Los programas de pagos por servicios ambientales pueden aprovecharse para ofrecer ingresos a comunidades vulnerables o víctimas del conflicto armado, así como estímulos a emprendimientos privados de conservación.
10. Fortalecer los gobiernos indígenas.
11. Revisar la estructura de gobierno de las autoridades locales ambientales (como las corporaciones autónomas regionales), en particular las juntas directivas, las que deben elegirse de manera más transparente.
12. Revisar las políticas de subsidios al agro y reorientar aquellos que se entregan a actividades que afectan el medio ambiente, como la ganadería extensiva, hacia actividades ambientalmente sostenibles y que beneficien de manera más directa a las comunidades vulnerables.
13. Considerar formas de integración distintas a la construcción de vías que inexorablemente se convierten en caminos de penetración colonizadora y deforestación.
14. Desarrollar una legislación para el mercado de semillas nativas agrícolas y forestales, cuyo inmenso potencial hoy día está desaprovechado.
15. Instar a que los desmovilizados participen en labores de vigilancia, monitoreo ecológico y descontaminación de fuentes de agua, y quizás vincularse a la erradicación manual de cultivos de coca.
VIDA / MEDIOAMBIENTE
Con información del reporte ‘La paz y la protección ambiental en Colombia: Propuestas para un desarrollo rural sostenible’.