En una audiencia en el Tribunal Superior de Bogotá, que intentó postergar con su inasistencia a última hora, el exalcalde Samuel Moreno recibió casi siete años más de condena por su papel clave en el ‘carrusel de la contratación' en la capital.
Así, pagará 24 años y ocho meses y no los 18 años que había recibido en primera instancia. Su condena es hoy la más alta que se ha fijado contra los involucrados en este millonario caso de corrupción.
El magistrado Alberto Poveda Perdomo aceptó la solicitud de la Fiscalía para aumentar la pena teniendo en cuenta la gravedad de los delitos cometidos por Moreno y porque se comprobó “su calidad de determinador en la celebración indebida de contratos y en cohecho por dar u ofrecer”.
La Fiscalía informó que Moreno usó su cargo como alcalde para pedir una coima de un 10 por ciento en un contrato de 67.000 millones de pesos, en el 2009, que tenía como finalidad prestar el servicio de ambulancias en Bogotá. El ente acusador aseguró que el exalcalde se comprometió a direccionar ese negocio a favor del contratista Emilio Tapia, a cambio del pago de esos sobornos.
También dijo en el proceso que de los 6.700 millones de pesos que recibió Moreno, el entonces alcalde se quedó con la mitad y el resto lo repartió entre concejales y funcionarios del Distrito. “El alcalde mayor de Bogotá, en una posición de privilegio, acordó con las principales fuerzas políticas de la sociedad una repartija de cargos, contratos e instrucciones que resultó ser punible, así consiguió satisfacer la voracidad y los intereses particulares o individuales de estas colectividades”, señaló el magistrado Poveda.
El magistrado afirmó que aunque en este caso hay varias personas en prisión –van al menos 14 condenados entre políticos, funcionarios y contratistas, por su participación en el ‘carrusel’– “a muchos de los participantes no los ha tocado la justicia”.
Así, Poveda señaló: “Si bien el alcalde recibió el aval de un partido concreto, a la hora de apropiarse de lo público existió pleno consenso con gran parte de los partidos políticos representados por cabildantes deshonestos”.
Con Moreno empiezan las medidas para endurecer las penas contra los corruptos. El miércoles, de hecho, la Fiscalía pidió que Moreno, quien se encuentra en la Escuela de Caballería de Bogotá desde el 2011, pase a la cárcel La Picota, donde están presos otros condenados por el ‘carrusel’.
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Según la Fiscalía, Moreno debe pagar su pena en un centro de reclusión ordinario “porque los delitos son muy graves y no existe razón alguna para que esté allí (en la Escuela de Caballería), más aún cuando ha sido condenado y se le ha aumentado la pena”, dijo el fiscal del caso. También tendrá que pagar una multa de $ 266’315.837.
Aunque en el fallo que se había impuesto contra Moreno en marzo del 2016, el juez lo había inhabilitado de por vida, esta vez el magistrado dejó la inhabilidad en 20 años para ejercer cargos públicos, teniendo en cuenta que una sanción mayor “es inconstitucional”.
El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, se refirió a la condena de Moreno y dijo que el ente acusador comenzó una segunda fase en el escándalo del ‘carrusel’, con el fin de quitarles a los involucrados los bienes que consiguieron con dineros provenientes de ese escándalo.
“Ahora vamos por los activos. No vamos a permitir que los corruptos se queden con esos patrimonios ilegales después del daño que le hicieron a la capital de la República”, aseguró.
Sobre el aumento de la pena, afirmó que el ente acusador está complacido “porque a solicitud de la Fiscalía se ha generado la máxima condena posible contra Samuel Moreno, y esto es un mensaje claro para disuadir a todos los corruptos”. “La corrupción no puede seguir ganando espacio en Colombia”, dijo.
La Fiscalía no descarta que se inicien los procesos de colaboración con autoridades extranjeras para extraditar a quienes intentando esconder esos capitales hayan cometido delitos como lavado de activos en otros países.
“Autoridades como las de EE. UU. podrían iniciar las acciones judiciales correspondientes y de acuerdo con su soberanía, pedir la extradición de quienes hayan violentado esa jurisdicción (...), bienvenidas las extradiciones en todos los casos de corrupción”, concluyó Martínez.
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