El procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, entregó este miércoles los primeros avances sobre la investigación que se adelanta por el caso de corrupción de Odebrecht.
Carrillo indicó que se abrirá una indagación preliminar al presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Luis Fernando Andrade. Esa entidad era la encargada de escoger quién tendría la licitación de la vía Gamarra-Ocaña, de la Ruta del Sol II, que en efecto fue dada a la empresa constructora brasileña. La semana pasada la ANI dio la nulidad de ese contrato.
"En lo que tiene que ver con la adjudicación del Contrato Ruta del Sol II se indagará a: Gabriel García Morales, exviceministro de Transporte; Otto Nicolás Bula, exsenador, altos directivos de Odebrecht y funcionarios de la ANI: Alexandra Lozano Vergara, José Andrés Torres Rodríguez, Daniel Francisco Tenjo Suárez, Ernesto Durán Vargas, Mauricio Orlando Castro Castaño, Andrés Figueredo Serpa y Luis Fernando Andrade, presidente de la agencia", explicó el Procurador en rueda de prensa.
Según lo dicho por Carrillo, también se indagará preliminarmente a la junta directiva del Banco Agrario, que fue la entidad que aprobó un préstamo sobre un contrato de asociación público-privada (APP) por 1,3 billones de pesos, adjudicados a la sociedad Navelena SAS para financiar el proyecto de recuperación de la navegabilidad del río Magdalena, uno de los más importantes para el país. Navelena SAS es un consorcio de Odebrecht.
En el caso de la adjudicación del contrato a Odebrecht en el Acueducto de Bogotá se indagará al gerente de la empresa para la época, Jorge Pizano, quien después pasó a ser funcionario de esa empresa.
"La indagación permitirá establecer, entre otras cosas, si a pesar de que los hechos aceptados por el mencionado exviceministro de Transporte (Gabriel García Morales) datan de los años 2009 y 2010, estos tienen trascendencia en la ejecución del contrato, y, por lo mismo, estaríamos ante conductas de carácter continuado", afirmó el jefe del Ministerio Público.
Fernando Carrillo también puntualizó cuáles fueron las peticiones de la acción popular que instauró el Ministerio Público ante el Tribunal Superior de Cundinamarca “en defensa del patrimonio del país”.
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“El Ministerio Público que se establezca que los derechos colectivos de la sociedad colombiana están por encima de los derechos patrimoniales de la empresa Odebrecht, toda vez que esa firma espera que un Tribunal de Arbitramento condene al Estado colombiano a pagar 263 millones de dólares - que equivalen a 798 mil millones de pesos- más de la mitad de la ayuda que EE. UU. dará al programa Paz Colombia”, explicó Carrillo.
El Procurador agregó: “esto, como se puede deducir es inaceptable, inadmisible, indignante. Casi que la sociedad colombiana le debe salir a deber por todos los ilícitos que ha incurrido”, afirmó.
La solicitud de la Procuraduría a través de la acción popular también pide la “restitución inmediata de los 11 millones de dólares de los sobornos que pagó Odebrecth en el país”.
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Además, que la empresa brasileña responda por el daño patrimonial en el caso del proyecto Ruta del Sol II en la vía Puerto Salgar-San Roque.
“También le pediremos al Tribunal Superior de Cundinamarca que ordene las medidas necesarias para garantizar que esta obra no queda paralizada tal como pasó con otras afectadas por otros hechos de corrupción como la fase III de
TransMilenio”, explicó Carrillo.
El Procurador también afirmó que las medidas de intervención se trabajarán en conjunto con la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y el más alto Gobierno para, según Carrillo, “garantizar su eficiencia y efectividad”.
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