Entre enero del 2014 y julio del año pasado, el Estado contrató con entidades sin ánimo de lucro 14,5 billones de pesos, de los cuales los contratos de forma directa, que no pasaron por un concurso, ascendieron a los 12,6 billones de pesos.
De ese tamaño es la contratación que acaba de poner en cintura el decreto presidencial firmado este lunes por el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. El documento fija nuevas reglas para que no se abuse de ese tipo de negocios. (Lea también: Después de 25 años, el Congreso tiene Código de Ética)
Esas entidades, que han crecido en los últimos años, y en las que entran fundaciones, corporaciones y hasta universidades, tenían pocos controles, además de beneficios tributarios.
Gozaban de un régimen especial de contratación en el que no estaban obligadas a participar en licitaciones, y no pagan impuestos. Por esa excepción, según la Auditoría General, el Estado dejó de recibir en los últimos dos años y medio $ 1,2 billones de pesos en tributos que, en otras condiciones, debía haber recibido.
La Auditoría General determinó en un estudio que de los 97 billones de pesos contratados entre el 2014 y el 2016, al menos el 15 por ciento se hizo con supuestas entidades sin ánimo de lucro. En esas cuentas, las fundaciones se quedaron con contratos por 3,5 billones; las corporaciones, con 2,4 billones de pesos; los hospitales, con 2,1 billones de pesos, y las asociaciones y cooperativas, con 1,4 billones cada una. Los sindicatos también lograron 1 billón en contratos, lo mismo que las universidades.
Una de las irregularidades que se frenó, y que era una de las principales puertas usadas para la corrupción, era la posibilidad de que, aun sin tener experiencia en los proyectos que iban a desarrollar, fundaciones recién creadas pudieran ser escogidas.
Es el caso, por ejemplo, del cartel de enfermos mentales en Sucre, donde la Contraloría detectó que cinco instituciones se quedaban con millonarios recursos (más de 3.000 millones de pesos en el 2016) para atender a personas con enfermedades psicológicas. Esto a pesar de que eran centros recién creados.
En Corozal, la clínica Nuevos Amaneceres recibió pagos por 2.155 millones de pesos para atender a enfermos psiquiátricos que en realidad no existían. Aunque esa clínica dice especializarse en atención de drogadicción, en el 2014 aparecía firmando contratos con la Alcaldía de Sincelejo para el suministro y adecuación eléctrica del coliseo, objeto muy distinto a la salud.
La reforma a la contratación establece que los funcionarios públicos deberán demostrar que “no existe oferta en el mercado de los bienes, obras y servicios requeridos para la estrategia y política del plan de desarrollo objeto de la contratación distinta de la oferta que hacen las entidades privadas sin ánimo de lucro; o que, si existe, la contratación con entidades privadas sin ánimo de lucro represente la optimización de los recursos públicos”.
Por eso, el nuevo decreto pone a las entidades estatales a justificar la contratación con las fundaciones, asociaciones y corporaciones, cuya actuación debe ser impecable. Así se evitaría que se realicen contratos con organizaciones como la Asociación de Manipuladoras de Alimentos del Cesar (Asoalimentarce), cuestionada por incumplir en el Programa de Alimentación Escolar en la costa.
A pesar de esos cuestionamientos, esa asociación entre el 2014 y el 2016 figura en el top 10 de instituciones sin ánimo de lucro con más contratos en el país, pues ha recibido más de 64.000 millones de pesos.
En general, el nuevo decreto tendría implicaciones en todos los contratos de alimentación escolar que hoy, según el Contralor General, se concentran en un monopolio de no más de cinco contratistas que se asocian en uniones temporales. Esas fundaciones, corporaciones y consorcios supuestamente sin ánimo de lucro causaron el año pasado un detrimento de más de 62.000 millones de pesos en 24 regiones.
También se les pone lupa a los contratos de salud, que en los últimos años son los que más se realizan con fundaciones y entidades sociales del Estado (4,3 billones de pesos). Ese tipo de contratos ha llevado a que, por ejemplo, en Córdoba clínicas de garaje se queden con recursos de la Gobernación para atender a falsos pacientes con hemofilia.
En ese departamento, el detrimento superó los 50.000 millones de pesos. También se detectaron pérdidas de más de 10.000 millones por contratos con fundaciones para la atención de supuestos niños con síndrome de Down que en realidad no existían. (Además: 'En el país hay un alto nivel de tolerancia a la corrupción': Andi)
Las universidades también se quedan con importantes recursos. La Universidad de Antioquia, que el año pasado fue multada por la Procuraduría por incumplir en un contrato para realizar el concurso de méritos, es la institución que, según la Auditoría General, ha logrado más contratos: hoy superan los 280.000 millones de pesos.
‘La reforma es un golpe directo contra este flagelo’
Camilo Enciso, secretario de Transparencia, asegura que la nueva reglamentación para contratar con entidades sin ánimo de lucro frenará los contratos con fundaciones y corporaciones de garaje.
¿Qué beneficios trae el nuevo decreto de contratación con entidades sin ánimo de lucro para evitar casos de corrupción?
Esta reforma es un golpe directo a la corrupción. Primero, impide la contratación con fundaciones fachada; esas que sirven de testaferros para que otras entidades que ellas subcontratan roben al Estado. También impide la contratación con fundaciones multipropósito; esas que supuestamente hacen de todo –desde prestar servicios de aseo y cafetería, pasando por dar alimentación a menores y llegando a la construcción de vías–, pero en la práctica no saben de nada, excepto robar a los colombianos. Segundo, se asegura que la contratación directa con estas entidades sea la excepción, y no la regla, como había venido pasando. Tercero, eleva los niveles de exigencia en la demostración de la idoneidad para contratar. Cuarto, exige la publicación de todos los contratos con subcontratistas, lo cual nos servirá para rastrear el dinero y a los beneficiarios finales de los contratos. (También: Presidente Santos firma decreto que busca frenar actos de corrupción)
¿Qué otros boquetes siguen quedando abiertos en materia de contratación y que podrían seguir generando corrupción?
Aunque ya no se están usando, los contratos de aporte siguen existiendo como figura jurídica. Creemos que es necesario revisar esa norma. También estamos haciendo una análisis sobre los efectos de la Ley 344 que regula contratos de ciencia y tecnología, para ver cómo la mejoramos. Pero el problema más grande, sin duda, se encuentra en algunos vacíos del régimen general de contratación pública, que todavía es manipulado con frecuencia y que debe reformarse para proteger mejor el patrimonio público y para hacer obligatorio el uso de pliegos estándar que impidan direccionar contratos.
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