Las escenas de requisas de personas en completa desnudez no se deberán volver a repetir en las salas de retención de la Unidad Permanente de Justicia (UPJ), que desde este martes pasó a llamarse Centro de Traslado por Protección (CTP).
La transformación de la sede, que funciona en la localidad de Puente Aranda, se dio tras la remodelación del lugar, en la que el Distrito, liderado por la Secretaría de Seguridad, invirtió 600 millones de pesos.
Hasta fines del 2016, una persona sobreexcitada por el consumo de psicoactivos o licor, por orinar en la calle o protagonizar una riña era llevada a las salas de retención de la Unidad Permanente de Justicia (UPJ) durante 24 horas, junto a otras de las que no se sabía si tenían antecedentes penales, por la falta de equipos en el lugar. (Lea también: 'Al mes hay 2.400 detenidos ilegalmente en la UPJ': Personería)
Esta falta también repercutía en los registros de entrada debido a que los conducidos tenían que estar sin ropa para las requisas e incluso se los obligaba a hacer cuclillas, todo para evitar que entraran armas o drogas. Este tipo de controles son reservados para reclusos condenados en cárceles, pero no para contraventores, y sin embargo se venían realizando.
Tras la remodelación del lugar, ahora el sitio cuenta con los equipos de detección de metales, lo que evitará ese tipo de controles, que atentaban contra la dignidad de los retenidos.
El otro cambio es que mejoraron los baños y las condiciones de las salas de detención, que además estarán separadas: mujeres, hombres, y personas de la comunidad LGBTI no se mezclarán. Antes solo se podía agrupar a los conducidos por género.
Las mejoras también beneficiarán a los familiares de los conducidos. Se estableció un punto de atención para el público, en el que allegados de las personas trasladadas pueden solicitar información.
Cuentan también con computadores para consultar la información de quienes lleguen al sitio, y así se pueden verificar su edad y antecedentes, y evitar que criminales compartan el espacio con contraventores.
Desde ahora se llevará el registro de ingreso de forma electrónica, tarea que antes realizaban los policías en cuadernos y con lapicero. Incluso, los 45 uniformados que se encargan de la CTP fueron capacitados en derechos humanos, con el fin de que sean garantes del trato digno de las personas.
Aparte de eso, estarán con funcionarios de la Personería Distrital, de las secretarías de Seguridad y de Integración Social, Idiprón y hasta voluntarios, para garantizar los derechos de quienes ingresen. “El modelo de atención cambia completamente; no solo en la infraestructura física, sino en el trato y la oferta institucional que se dan a estas personas”, dijo Daniel Mejía, secretario de Seguridad.
Sin sobrecupo
Uno de los principales problemas que denunció en su momento el concejal Germán García (Partido Liberal) era el sobrecupo en el lugar, ya que un fin de semana podían albergar hasta 500 personas, cuando la infraestructura solo tenía capacidad para 350.
Con las obras, la capacidad aumentó a 400 personas, y a partir del 28 de enero, las detenciones no podrán sobrepasar las 12 horas, por lo que se espera que no se exceda el aforo.
“Con la entrada en vigencia del nuevo Código de Policía, el mejoramiento de las instalaciones y, adicionalmente, en el entendimiento de lo que se debe hacer en estos centros (por parte de las autoridades) se mejorará la atención”, indicó García.
El cabildante resaltó que se puedan conocer con antelación los antecedentes de quienes ingresan. “En muchos se puede identificar si hay personas con órdenes de captura, las cuales se llevan a una URI para una audiencia de legalización de captura e imputación de cargos”.
Además, la Policía garantizará que solo se lleve a contraventores. “La CTP tendrá ese fin, proteger la vida de los demás y la del propio conducido aquí, a este centro de protección. Llegarán solo los que están en alto grado de exaltación, fomentando algún escándalo o riña”, afirmó el coronel Dairo Puentes, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Bogotá.
La reducción en el tiempo de retención de los conducidos también va de la mano con el cambio del modelo de atención en el lugar, gracias a la oferta de las instituciones distritales. “Van a tener acceso a talleres pedagógicos, de justicia restaurativa y convivencia; tendrán acceso a una unidad de salud para atender personas que están bajo el influjo de psicoactivos”, agregó el Secretario de Seguridad.
Para garantizar derechos y trato digno, el sitio contará las 24 horas con presencia de funcionarios de la Personería. “Antes no tenían presencia permanente de la entidad; hemos logrado que la Administración nos dé un espacio especial para nuestro trabajo. Los 365 días del año, las 24 horas, estarán representantes del Ministerio Público garantizando no solo los derechos de los conducidos, sino también de los funcionarios públicos”, afirmó la personera Carmen Teresa Castañeda.
BOGOTÁ
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