La Corte Suprema británica situó al Parlamento como pilar del futuro del Reino Unido al dictaminar que el gobierno de Theresa May debe consultar a los diputados antes de iniciar el brexit, la salida de la Unión Europea (UE), y no hacerlo de manera acelerada ,o que afecte a la población.
En un dictamen histórico, con una mayoría de ocho a tres, los jueces concluyeron que no se puede invocar el decisivo artículo 50 del Tratado de Lisboa, que inicia las negociaciones del brexit, sin una votación del Parlamento.
Así, la corte rechazó el recurso que había presentado el Gobierno contra el fallo de un tribunal inferior que en noviembre dio la razón a varios ciudadanos, representados por la empresaria Gina Miller, al señalar que no se pueden quitar derechos ciudadanos sin consultar al Parlamento.
En su dictamen, los jueces del Supremo dijeron además que el Gobierno no está obligado a consultar a los poderes legislativos de las autonomías –el Parlamento escocés y las asambleas de Gales e Irlanda del Norte– antes de invocar el artículo 50.
La decisión no modifica el resultado del referendo celebrado el 23 de junio del 2016, cuando los británicos votaron mayoritariamente a favor de salir de la UE.
“El referendo es de un gran significado político, pero la ley que lo estableció no decía qué debía ocurrir (tras el) resultado”, afirmó el presidente del Supremo, David Neuberger, al leer el resumen del veredicto. Así que, puntualizó, “cualquier cambio en la legislación para hacer efectivo el resultado del referendo debe hacerse de la única manera permitida por la constitución del Parlamento, es decir, una ley del Parlamento”.
Los plazos
A pesar de la decisión del Supremo, el gobierno conservador británico anticipó que mantiene el calendario que se ha fijado de comunicar a Bruselas la retirada del Reino Unido de la UE antes de finales de marzo, por lo que el país estaría fuera del bloque comunitario en la primavera del 2019.
El llamado ministro para el brexit, David Davis, dijo en la Cámara de los Comunes que espera presentar “en unos días” el proyecto de ley para la activación del artículo 50.
Se espera que esa legislación sea muy breve a fin de acelerar el trámite parlamentario, si bien varias formaciones, entre ellas el Partido Nacionalista Escocés (SNP), anticiparon que tienen intención de presentar varias enmiendas.
La decisión fue recibida con júbilo por Gina Miller, quien reiteró, en una declaración, que “solo el Parlamento puede retirar los derechos de los británicos”.
En la puerta del Supremo, el empresario Charlie Mullins, que ayudó a financiar la causa de Miller, dijo que fue “totalmente innecesario” haber tenido que llegar hasta el Supremo. “Fue innecesario venir aquí y gastar dinero del contribuyente. El dictamen fue muy claro, de ocho a tres”, subrayó Mullins, y pidió que, desde ahora, el país trabaje “para conseguir el mejor acuerdo posible para el Reino Unido” tras el brexit.
Desde la oposición, el líder laborista, Jeremy Cor- byn, afirmó que su partido “no frustrará” el proceso para activar el brexit y que “respeta el resultado del referendo y la voluntad del pueblo”. Pero Corbyn anticipó que el laborismo hará enmiendas al proyecto de ley del Gobierno para impedir que la primera ministra conservadora, Theresa May, transforme el Reino Unido en un paraíso fiscal tras el abandono de la UE, pues teme que reduzca impuestos a las empresas para atraer la inversión.
EFE