No hace muchos años, en Bogotá, los lunes después de las corridas de toros en la plaza de Santamaría –cuyos terrenos fueron donados a la ciudad por un taurino, don Ignacio Sanz de Santamaría–, el comentario del día era sobre el festejo, los toreros de turno y, en general, lo sucedido la tarde anterior en la arena.
Lamentablemente, aunque el domingo se llenó la bella plaza –que es parte de la historia bogotana– y le dejó más de 800 millones al Distrito por esta corrida, en la ciudad, en Colombia y en muchas partes del mundo primaba ayer lo ocurrido fuera del ruedo, infortunadamente negativo. Todo porque los antitaurinos, y quizás grupos interesados en otros aspectos antes que en la defensa de los animales, protagonizaron una verdadera faena de violencia.
Era esperada la presencia de sectores animalistas, porque no se puede negar que la fiesta brava tiene hoy más detractores y ellos habían anunciado su rechazo a la reapertura de la plaza, clausurada por la alcaldía de Gustavo Petro desde el 2012, aun por encima de decisiones legales.
Pero se pensaba, lógicamente, que se expresarían dentro de los cauces del respeto. Sin embargo, lo que saltó allí fue el toro de la intolerancia, cargada de agresividad verbal y física contra los aficionados, sin respetar sexo ni edades, y contra la policía, que debió contener verdaderas turbas agresivas que no solo lanzaban improperios, sino ladrillo, huevos y escupitajos a las personas. Dos uniformados resultaron heridos y hubo varios manifestantes detenidos.
Deplorable y absurdo todo aquello, pues, de paso, al tomar visos de violencia se desvirtúa la protesta de los animalistas, que es legítima. Pero no puede ser que acudan a la violencia para rechazar un espectáculo que consideran violento.
Los testimonios y los registros periodísticos indican que las cosas pudieron haber sido de una gravedad mayor, pues allí no se sentía solamente rechazo a la tauromaquia, sino que se percibía –y así lo gritaban entre iras reprimidas– un peligroso resentimiento social. Por eso, el exalcalde Petro y quienes azuzan a los manifestantes tienen una enorme responsabilidad si resuelven abrirle la puerta a esta furia, con tintes políticos, que puede terminar llevándose vidas en su embestida.
Es un asunto de respeto por las libertades y los derechos ajenos. Y todo tiene que ser dentro de la legalidad. Las leyes no excluyen a las minorías. A los taurinos les asiste el derecho constitucional, pues así lo decidió la Corte, de ir a las corridas. Y mientras ello sea así, la Alcaldía debe facilitar su realización con plenas garantías, más allá de las convicciones personales del alcalde de turno.
Los animalistas, así mismo, no se pueden dejar utilizar. Les queda el camino de las leyes, como lo vienen haciendo, y están en su derecho a la manifestación, con apego al respeto de los derechos de los demás. Si llegara el día en que nuestro ordenamiento constitucional clausurara las plazas, los taurinos tendrían que acatarlo.
Pero lo que no se puede es acercar gasolina al fuego. Hay que proteger a la gente, prevenir ya peligrosos desbordes y señalar responsables. Lo mejor es llamar a la tolerancia y al respeto.
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