La frustración acompaña el día a día de los activistas egipcios, severamente reprimidos, seis años después de la caída del exdictador egipcio Hosni Mubarak.
El régimen del presidente Abdel Fatah al Sisi, exjefe del ejército, es acusado por sus detractores de cerrar el paréntesis democrático que abrió la revuelta de 2011. En un país sumido en una grave crisis económica, Al Sisi, presidente tras destituir en 2013 a su predecesor Mohamed Mursi, no tolera ningún tipo de oposición.
"La situación es desoladora", dice Esraa Abdel Fatah, al pasar por la plaza Tahrir, epicentro de aquella revuelta que vio a miles de egipcios acampar en 2011 presionando la salida de Mubarak luego de 30 años en el poder.
"Estoy triste por la sangre derramada en vano", lamenta esta militante de 38 años, en alusión a los centenares de manifestantes muertos por la represión que comenzó el 25 de enero de 2011.
La juventud que participó en la revuelta está desilusionada, como Ahmed, farmacéutico de 32 años. "Es un combate diario para sobrevivir", lamenta este padre de familia que había participado en las manifestaciones de 2011 y que hoy busca emigrar a cualquier precio.
"La lucha por la democracia y los derechos humanos se convirtieron en un combate diario por encontrar productos básicos para mi familia", dice.
Emigrar, la solución
Desde hace varios meses, los egipcios enfrentan inflación y escasez de productos de primera necesidad. Una tendencia agravada por las medidas de austeridad adoptadas por el gobierno para obtener un préstamo de 12.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI).
"Antes estaba dispuesto a morir por este país, ahora sólo quiero irme", lanza Ahmed. "Hay mucha ira contenida en la gente" debido a la situación económica, señala la politóloga May Mugib. "Pero a pesar de ello, nadie quiere otra revolución, los egipcios están cansados luego de una revuelta que no tuvo los resultados esperados", explica.
Este lunes, Abdel Fatah, que desde hace dos años tiene prohibido dejar el territorio, presenció una decisión de la justicia que congeló los ingresos de dos organizaciones no gubernamentales y de sus fundadores.
La decisión se tomó en el marco de una vasta investigación sobre el financiamiento extranjero de la sociedad civil, que condujo a congelar los dineros de varias ONG y de célebres defensores de los derechos humanos.
En los meses que siguieron a la destitución de Mursi, las autoridades persiguieron a sus partidarios islamistas. Centenares de manifestantes murieron a manos de las fuerzas del orden y miles más terminaron entre rejas.
Medio prisioneros
Pero la represión se multiplicó rápidamente hasta incluir a la juventud laica y de izquierda, y decenas de militantes terminaron en prisión por manifestaciones organizadas sin autorización. "La revolución volvió al punto cero", dice Mozn Hasan, fundadora de la organización Nazra para los estudios feministas, visiblemente costernada por la congelación de bienes.
"Debemos defendernos ante la justicia por acusaciones sin fundamento", añade. Esta militante de 37 años tiene prohibido desde hace meses dejar el país. Estas medidas "se inscriben en el marco de una amplia campaña de represión contra las voces críticas independientes", denunciaron hace poco Amnistía Internacional y Human Rights Watch (HRW).
El movimiento 6-Abril, uno de los principales instigadores de la revuelta de 2011, fue prohibido por las autoridades. Uno de sus fundadores, Ahmed Maher, acaba de purgar tres años de prisión por enfrentamientos en una manifestación. Se encuentra ahora bajo control judicial."Soy un 'medio prisionero'", ironiza el militante de 36 años que debe pasar todas las noches por la comisaría de su barrio.
"Estamos agotados", reconoce por su parte el fotoperiodista Ahmed Gamal Ziada, que salió de prisión luego de dos años, cuando fue arrestado por cubrir una manifestación.
El Cairo (AFP).