“Maltrato, ayuda, golpes, humillación, pisotear, dolor, sufrimiento, miedo, demasiada, irrespeto, mala, policía, mucha, lo peor, te pueden matar...”. Estas fueron algunas de las palabras y expresiones que usaron 150 trabajadores y trabajadoras sexuales de distintas zonas de Bogotá cuando se les pidió que respondieran lo primero que se les viniera a la cabeza al escuchar la palabra ‘violencia’.
El ejercicio formó parte de ‘Ley entre comillas’, el informe de derechos humanos del Observatorio de Trabajo Sexual (OTS) del 2016, realizado por la fundación Parces y presentado recientemente. De la propia boca de los trabajadores sexuales, revela las distintas formas como la sociedad, las autoridades y los clientes violan sus derechos y su dignidad.
Según el estudio, los principales temores que tienen estas personas al ejercer su labor son la posibilidad de contraer una infección de transmisión sexual (ITS), con un 80 por ciento; ser asesinado, con un 78 por ciento, y que los obliguen a hacer algo que no quieran, con un 59 por ciento, entre otras.
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Los números de este informe, que tardó más de dos años en realizarse, son alarmantes. El 60 por ciento de entrevistados de ambos sexos dijeron haber sido agredidos de palabra y el 45 por ciento aseguró haber sufrido ataques físicos por peatones o conductores que simplemente iban por ahí.
Otro de los indicadores valorados es la violencia ejercida por parte de quienes pagan dinero por sus servicios.
“La violencia de los clientes también es vivida por la mayoría de las personas que ejercen el trabajo sexual. El 46,5 por ciento de estas personas han sido víctimas de violencia por parte de un cliente”, argumentó la fundación Parces.
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En los relatos obtenidos de las personas entrevistadas para el estudio se describen escenas desgarradoras de clientes que los obligan a cosas que no quieren o a no usar preservativos; incluso amenazas, robos y violaciones.
La vulnerabilidad de esta comunidad –que fue estudiada por el OTS en compañía del Paiis, Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social, de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes– fue evidenciada en las agresiones de las que son víctimas por parte de cuatro actores fundamentales: los civiles, los clientes, los patrones de los establecimientos y hasta por algunos integrantes de la Policía.
A propósito de los ataques de la ciudadanía, se les preguntó por una experiencia de violencia con alguien que pasaba por la calle o por el frente de su lugar de trabajo. “Pasan por aquí los tipos y nos echan huevos. Imagínese, uno bien perfumadito y ‘pum’, un huevo en la cara o en el cuerpo. Aquí, a una pelada […]le pegaron un balinazo […]. ¡Un balinazo! Se lo dieron por acá, en la ceja […]Eso sí me pareció feo”, dijo Gema, una de las encuestadas.
Los patrones de los sitios en los que se ejerce la prostitución –aunque se identificó que algunos de ellos ofrecen unas mínimas condiciones laborales y de seguridad– también son verdugos, ya que, muchos, realizan explotación sexual, económica, maltrato físico y psicológico.
Asimismo, la fundación Parces (con experiencia en casos de agresión policial a trabajadores sexuales) manifestó que el 84 por ciento de los entrevistados dijo haber sido víctima de algún tipo de violencia por parte de un agente policial. El 74 por ciento fue agredido verbalmente y un 62 por ciento respondió haber sido atacado físicamente por un uniformado.
“En el informe caracterizamos las principales violencias ejercidas por la Policía contra ellas; por ejemplo, la ruptura de documentos, conducciones arbitrarias a la UPJ, golpes físicos, violencia psicológica, cercamientos públicos, insultos y violencia”, explicó Alejandro Lanz, director ejecutivo de Parces.
Estigma y prejuicio
Por otro lado, el 48 por ciento de los encuestados respondieron afirmativamente cuando se les preguntó que si por su labor habían sido expulsados de algún lugar. Y es que una de las agresiones de las que más son víctimas estas personas es la discriminación.
“La gente lo mira a uno como por debajo de ellos, siendo que uno también es ser humano igual que ellos; pero por lo que uno está haciendo, lo miran a uno como con… con esa vaina, ¿no?”, respondió en una entrevista que formó parte del sondeo, Fernando, un prostituto.
“¿Qué es lo más peligroso del trabajo? De pronto que uno se vaya con un cliente, un tipo que de pronto sea un maniaco, que lo lleve a uno a un sitio y que haya más manes, lo cojan a uno y le hacen cosas que uno no quiere”, expresó Lorenza, trabajadora sexual, en una de las entrevistas realizadas en mayo del 2016.
Los datos para este informe fueron extraídos en siete sectores de la ciudad: La Mariposa, o plaza de San Victorino; el barrio Santa Fe, en el centro de la ciudad; el sector de terraza Pasteur, en la carrera 7.ª con calle 24; Chapinero; La Carrilera, también de la localidad de Santa Fe; Santa Bibiana, que es un barrio residencial de clase alta en la localidad de Usaquén, y la avenida Primero de Mayo. Algunos de estos lugares son denominados “zonas de alto impacto” por el Plan de Ordenamiento Territorial (POT). Mujeres, hombres homosexuales y personas transgéneros participaron en el estudio.
Ley entre comillas
La historia jurisprudencial de Colombia muestra en este tema una evidente disputa entre la protección de las convicciones morales y de las buenas costumbres por medio de la abolición de esta práctica sexual, y la exploración de condiciones que garanticen los mínimos dignos para ejercerla.
Sin embargo, la Corte Constitucional, en sus dos más recientes sentencias frente a este tema, la T-629 del 2010 y la T-736 del 2015, sentó una postura laborista del trabajo sexual. En la del 2010, según el OTS, “se dio un giro rotundo en torno a la posición sentada por la Corte Constitucional en años anteriores. Allí estableció que las trabajadoras y los trabajadores sexuales tienen los mismos derechos de las personas que cumplen cualquier otra labor”, explicaron.
Por su parte, la sentencia T-735 del 2015 estableció que las casas de lenocinio o prostitución no se pueden prohibir en virtud de los cambios de los que sea objeto el POT, pues estos establecimientos, dice la orden constitucional, “al igual que todos los demás, tienen el derecho a la confianza legítima”. Pese a esto, los números de protección laboral son preocupantes, ya que según las encuestas, el 88 por ciento de los entrevistados no cotiza pensión y el 65 por ciento está por fuera del sistema de salud.
ÓSCAR FERNANDO MURILLO
Redacción EL TIEMPO ZONA