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El pacto con invasores de predio que enredó a exgobernador del Cesar

El político, según la Fiscalía, a cambio de votos prometió no sacar a unas familias de una invasión.

JUSTICIA
La Fiscalía imputó cargos al exgobernador del Cesar Luis Alberto Monsalvo Gnecco (2012- 2015) por los delitos de corrupción al sufragante en calidad de autor e invasión de tierras en calidad de coautor.
Según la Fiscalía, el exgobernador Monsalvo realizó actividades proselitistas en un sector de invasión conocido como Tierra Prometida en Valledupar. Monsalvo Gnecco no aceptó cargos.
En el predio, que registra a nombre del señor Óscar Guerra Bonilla, habitan más de 800 familias de las cuales, según la Fiscalía, por lo menos dos integrantes de cada familia eran mayores de edad y tenían capacidad para votar.
"A cambio de votos prometió a los invasores, específicamente que los dejaría quieta y pasivamente en el predio que tenían invadido sabiendo que se trataba de una invasión ilegal" mencionó el representante de la Fiscalía.
Esta promesa la realizó el exgobernador del departamento del Cesar mediante un documento realizado el día 16 de octubre de 2011 y autenticado por la notaria segunda del Circuito de Valledupar en la que consta su compromiso de no permitir que los habitantes del terreno fueran desalojados legalmente a cambio de que votaran por él a dicho cargo.
La Fiscalía menciona que "se comprometió a mantenerlos quieta y pasivamente en el inmueble en la que estaba en curso la invasión ilegal, acatar de manera prioritaria las sentencias de los diferentes juzgados de Valledupar que ampararan los derechos fundamentales a la vivienda digna de los ocupantes de la invasión y por último, incluir a los invasores en los proyectos de construcción de viviendas dignas requeridas en ese sector".
Los compromisos adquiridos por el candidato a cambio de votos en su favor permitirían la permanencia de la invasión con provecho directo de los firmantes del pacto.
Algunos de los habitantes del predio invadido realizaron mejoras a sus viviendas, pasaron de tener casa de cartón, plástico y madera, a hogares estructurados de bloque y concreto.
El 23 de junio de 2012 se realizó una diligencia de desalojo en el predio del señor Guerra Bonilla, lo que llevo a que sus habitantes adelantaran una marcha hasta la gobernación donde exhibieron copias del documento firmado por Monsalve, exigiendo el cumplimiento del compromiso adquirido en su campaña y el desalojo no se realizó.
"Este comportamiento es antijurídico porque con ello se lesionaron, sin justa causa, lo bienes del patrimonio económico de Óscar Guerra Bonilla y el bien jurídico de los mecanismos de participación ciudadana sin que existiera causal de justificación para ese comportamiento", añadió el ente investigador.
Los cargos por los delitos de corrupción al sufragante implicarían una pena de prisión entre 48 y 98 meses y multa de 133 a 750 salarios mínimos legales mensuales vigentes. El de invasión de tierras en calidad de coautor tiene una pena de prisión de 32 a 90 meses.
Además del compromiso adquirido por Monsalve de no permitir ningún desalojo a los habitantes del predio invadido, se suma otro documento firmado y autenticado por Augusto Ramírez Uhía, fórmula a la alcaldía de Valledupar en la que también se comprometía con la comunidad de los barrios subnormales Altos de Pimiento, Bello Horizonte II y Guazimales a incluirlos en su programa de gobierno en la construcción de 2.500 viviendas dignas requeridas para estos sectores marginales a cambio de que sus integrantes votaron por él en los comicios electorales.
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