Más de 5.000 mujeres colombianas hacen parte del grupo de 20.000 demandantes que ganaron un pleito a la compañía alemana de control TÜV Rheinland, certificadora de las prótesis mamarias PIP, según decidió el tribunal de comercio de Toulón, en el sur de Francia.
La condena ordena a la empresa indemnizar con 60 millones de euros a las demandantes y, según explicó un abogado del caso, el monto definitivo para cada una, que será fijado tras un peritaje, será de más de 3.000 euros, aproximadamente.
Lozano Blanco & Asociados, la firma colombiana de abogados que representa a más de 9.000 afectadas de 38 países, explicó que el tribunal francés le dio la razón al grupo de demandantes que solicitaban que la multinacional alemana fuera declarada responsable por su actuación negligente, pues permitió que las prótesis PIP fueran distribuidas a nivel mundial sin los estándares de calidad necesarios.
Nathalie Lozano, de esa firma de abogados, aseguró que las mujeres pueden reclamar si tienen o tuvieron implantes PIP desde el 2001, sin importar si sufrieron o no ruptura o cualquier complicación de salud. “Todas las mujeres son afectadas por estos implantes por haber comprado un producto que no cumplía con las condiciones de calidad y seguridad necesarias”, apuntó.
“Estamos satisfechas con los resultados que hemos obtenido y por eso vamos a seguir trabajando con dedicación y máxima atención, para lograr que la mayor cantidad de afectadas sean indemnizadas. Para eso vamos a trabajar en los próximos meses para representar a las mujeres que aún no se han hecho parte de ninguna demanda”, agregó Lozano Blanco y entregó el correo implantespip@lozanoblanco.com para que otras posibles afectadas obtengan información.
El escándalo de las prótesis mamarias de la compañía francesa Poly Implant Prothèse (PIP) fue descubierto en marzo de 2010. La empresa utilizaba un gel de silicona no homologado para uso médico en vez del gel Nusil autorizado, que declaraba utilizar. La certificadora alemana se limitaba controlar los documentos del fabricante, y no la silicona utilizada.
En 2013, el tribunal de comercio de Toulón había condenado a la empresa a pagar 3.400 euros a 1.700 demandantes, a la espera de un peritaje para determinar los daños sufridos por cada una de estas víctimas. Pero ante la corte de apelación de Aix en Provence (sur), TÜV fue eximida de cualquier responsabilidad en el caso. Un recurso contra este fallo está en curso.
"Estas decisiones son totalmente contradictorias con las posiciones tomadas por las jurisdicciones y autoridades que estudiaron el fondo del caso PIP", reaccionó en un comunicado la abogada de TÜV Cécile Derycke. "El tribunal de comercio de Toulón persiste en ignorar los elementos muy claros del dosier PIP que establecen que el organismo TÜV Rheinland (...) cumplió con su misión", agregó, anunciando que apelará la decisión.
Las prótesis de PIP eran fabricadas en Francia, pero el 84% de la producción era exportada. Decenas de miles de prótesis fraudulentas fueron vendidas en el mundo, muchas de ellas en América Latina.
Según los demandantes, la principal consecuencia del defecto técnico de estos implantes es que cuando se realizan exámenes de elongación hasta su ruptura no cumplen con los estándares de calidad. Los PIP tienen una tasa de ruptura de entre el 25 y 30 por ciento, mientras que los implantes de otras marcas apenas alcanzan cifras entre el 2 y el 15 por ciento. En caso de ruptura, la sustancia produce irritaciones en la piel.
En Argentina, por ejemplo, unas 300 afectadas presentaron una demanda colectiva por 54 millones de dólares en 2013, aunque luego la justicia francesa estimó que la póliza de seguros de PIP sólo cubría a las ciudadanas francesas. Brasil, por su parte, había prohibido años atrás la importación de las prótesis de PIP, entre otras marcas europeas, por decisión de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa).
En Venezuela, la Alianza de Usuarios y Consumidores (Anauco) anunció hace más dos años que unas 4.000 venezolanas usuarias de prótesis de esta marca francesa también preveían realizar una querella colectiva. Las autoridades francesas dieron cuenta de 18.000 mujeres a las que se debió retirar los implantes a raíz de rupturas o irritaciones. Y fueron diagnosticados dos cánceres.
VIDA DE HOY*
*Con información de AFP