El nuevo Código Disciplinario, que impulsó en el Congreso el exprocurador Alejandro Ordóñez, le quita herramientas al Ministerio Público en la lucha contra los funcionarios corruptos o ineficientes.
Esa es la alerta que encendió el nuevo procurador, Fernando Carrillo, quien tan pronto llegó al cargo, esta semana, expresó su “preocupación por la reducción de las sanciones del nuevo Código Disciplinario”.
El Congreso aprobó un proyecto presentado por Ordóñez el año pasado, que a su vez fue objetado por la Presidencia. En consecuencia, la iniciativa volvió al Legislativo, que acogió algunas de las preocupaciones del Ejecutivo, pero que dejó vigentes algunos de los artículos más polémicos. (Lea también: Santos miente al decir que no luchamos contra la corrupción: Ordóñez)
Así, quedó vivo un ‘mico’ que rebaja las sanciones disciplinarias –y por lo tanto, las inhabilidades para ocupar cargos públicos y contratar con el Estado– para las faltas calificadas como gravísimas a título de culpa.
Estas son las conductas que comete un funcionario y que pueden afectar gravemente la función pública o incluso el erario, pero que no alcanzan a ser consideradas un delito.
La sanción de inhabilidad estaba contemplada entre 10 y 20 años, y Ordóñez propuso y logró que se rebajaran a la mitad: entre 5 y 10 años. La situación ha generado polémica porque por el principio de favorabilidad personajes que fueron sancionados por otros procuradores y que son muy cercanos a Ordóñez terminaron beneficiándose. Ese es el caso del exministro Fernando Londoño, quien, una vez entre en vigor el Código, quedaría habilitado para aspirar a cargos públicos.
Como se recordará, Londoño fue destituido en el 2004 (había renunciado poco antes del cargo de Ministro del Interior) por tráfico de influencias. Le impusieron una inhabilidad de 15 años que está demandada ante el Consejo de Estado. Con las nuevas reglas de juego, su sanción no terminará en 2019 sino de inmediato. Así, podría ser candidato para el 2018.
El Código de Ordóñez también borró un castigo emblemático contra los corruptos: el anterior establecía que los funcionarios o los particulares con funciones estatales sancionados por afectar el patrimonio del Estado tendrían inhabilidades de por vida. En la nueva norma no quedó ese artículo. El nuevo Código establece también que las faltas leves culposas no serán sancionables en materia disciplinaria.
Varios exprocuradores generales comparten las preocupaciones de Carrillo por los efectos negativos del cambio. Jaime Bernal Cuéllar señaló al respecto que “es un error que se haya disminuido el tiempo de algunas inhabilidades para ejercer cargos públicos cuando el país empieza una campaña para combatir la corrupción”. “En lugar de estar debilitando el régimen disciplinario, se debería buscar corregir las conductas que atentan contra el país”, señaló Bernal.
Entre el 2009 y el 2016, 6.544 funcionarios públicos, correspondientes al 46 por ciento de todos los disciplinados, fueron sancionados por faltas gravísimas, muchos de los cuales podrían pedir, si todavía están en el tiempo de sanción, la reconfiguración de sus penas bajo el principio de favorabilidad.
El nuevo código también trae cambios con relación a la demostración de la antijuridicidad que, en concepto de Bernal, podrían dificultar la aplicación del régimen disciplinario.
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