Una gran preocupación generó en el Gobierno el surgimiento de una asociación de cultivadores de coca, marihuana y amapola que busca evitar la sustitución forzada de cultivos ilícitos.
Eduardo Díaz, director de la Agencia para la Sustitución de Cultivos Ilícitos, aseguró, en diálogo con EL TIEMPO, que con la implementación del acuerdo de La Habana estas organizaciones tendrán que desaparecer, pues “la permanencia de cultivos ilícitos pondría en riesgo el proceso de paz”.
¿Qué ha pasado con la asociación campesina que busca frenar la sustitución forzada de cultivos ilícitos?
Si el propósito es sustituir la coca, no tiene sentido crear organizaciones de campesinos que la defiendan, pues el acuerdo de La Habana lo que busca es cambiar esa situación; entonces, la asociación tendrá que desaparecer.
La sustitución de cultivos no es cambiar caña por café, sino cambiar un producto ilegal por uno legal. Es preocupante que se creen asociaciones alrededor de una actividad ilícita. (Lea también: En medio de polémica, nace red de cultivadores de coca y marihuana)
¿Qué significa esto para el proceso de paz?
Esto lo que hace es que los procesos de sustitución se demoren más, y los únicos beneficiados serán las redes de narcotraficantes, que buscarán copar los territorios en los que antes hacían presencia las Farc.
Precisamente, esta asociación pide que no se criminalice su actividad...
Hemos hablado con los campesinos dándoles tratamiento de ciudadanos, pero hay que tener en cuenta que el cultivo de coca es una actividad ilícita.
¿Hay grupos ilegales detrás de estas asociaciones?
La presencia de cultivos ilícitos pone en riesgo el proceso de paz en la medida en que los grupos ilegales traten de copar estos territorios.
¿Qué está haciendo el Gobierno para evitarlo?
El Gobierno ofrece apoyos en materia de seguridad alimentaria y de financiamiento de proyectos productivos de ingreso rápido y de largo plazo, a cambio de que se abandone la actividad ilegal. Lo que toca es implementar el acuerdo de paz, y en eso estamos.
¿Piensa tener interlocución con esta asociación?
Con las organizaciones campesinas nos hemos reunido de tiempo atrás. Seguiremos trabajando con las comunidades, tengan o no tengan cultivos ilícitos.
Estamos hablando de un millón y medio de familias campesinas con problemas de tierra, y las familias con cultivos ilícitos son cerca de 75.000. Nos preocupa que se pierda la perspectiva de la reforma rural integral y que la discusión se reduzca solo a los que tienen coca.
Pero a veces la comunidad no cede, como ocurrió en la zona veredal de Caño Indio, Norte de Santander...
Con la comunidad de Caño Indio no fue posible llegar a un acuerdo porque el ofrecimiento del Gobierno no llenó sus expectativas. Ellos pedían, por ejemplo, asistencia alimentaria por 36 meses, cuando el acuerdo de paz dice que serán 12 meses. Pero en otras ocho zonas veredales donde hay plantaciones ilegales sí se pudo llegar a acuerdos con la comunidad.
¿Qué pasa cuando no hay acuerdos?
Buscamos llegar a acuerdos, pero el Estado no renuncia a la erradicación forzosa. Aspiramos a llegar a acuerdos para sustituir al menos 50.000 hectáreas este año.
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