El Ministerio del Interior estableció que el desvío del arroyo Bruno, pretendido por la Sociedad Carbones del Cerrejón, no afectaría a la comunidad de Albania, en La Guajira. Como consecuencia de esto, determinó que no era necesaria la consulta previa. La comunidad interpuso una tutela, amparada por un tribunal de La Guajira que ordenó la suspensión provisional del desvío, hasta que se revisara su probable afectación a las poblaciones. El Consejo de Estado acaba de ratificar aquella tutela, lo cual quiere decir que el Mininterior, la Anla y Carbones del Cerrejón deben concertar ahora, después de más de un año del primer concepto favorable, si el desvío del arroyo afecta o no a la comunidad. ¿Improvisación? ¿Ensayo y error?
Los casos de las hidroeléctricas de El Quimbo y Cañafisto reflejan otra cara del problema.
El primero tiene cuestionamientos ambientales: 1.000 hectáreas de bosque sumergidas a 120 metros. Hubo una gran audiencia pública en Garzón para suspender la licencia. Pero aquí no ha habido la celeridad que se esperaba. Las comunidades de Cañafisto, en cambio, están a favor de la hidroeléctrica, pero la Anla negó el permiso en el 2015 y acaba de ratificar su decisión en el 2017. El argumento es inédito: sumar al impacto que produciría Cañafisto (Isagén) el que produciría otra hidroeléctrica, Hidroituango, a cargo de otra empresa. Afectación del bosque seco y reducción de hábitat en rutas migratorias de peces. Está en preconstrucción desde el 2009, y se han invertido cerca de $ 20.000 millones.
¿No será ya la hora de preguntarse por la coherencia de una acción coordinada del Estado en materia de licencias? La ley prevé compensación por daño a la biodiversidad cuando los impactos de las obras no puedan ser evitados, mitigados o corregidos. Y es indiscutible que todas las obras de infraestructura producen impactos. Pero hay que hacerlas, y en el caso de la generación hidroeléctrica debe incluirse en el análisis que esto es mejor que la generación térmica. Más allá del análisis árbol por árbol, debería haber una política de Estado que articule una visión macro capaz de armonizar lo ambiental con el desarrollo. La revisión del sistema de licencias no debería limitarse a los procedimientos, los tiempos, la seguridad jurídica y el aparente abuso de las tutelas. Es preciso mirar el bosque entero.
Manuel Guzmán Hennessey
@GuzmánHennessey