Por la fecha en que el exministro de Ferrocarriles Liu Zhijun es condenado a la pena de muerte, en China, luego de haber sido encontrado culpable de delitos de corrupción, en estas tierras de Bogotá estalló el escándalo de corrupción conocido como el ‘carrusel de la contratación’, en el que estaban involucrados el alcalde de entonces, Samuel Moreno, y su hermano, el exsenador Iván Moreno, integrantes del Polo Democrático. También fueron señalados 26 concejales y resultó salpicado el exgobernador (condenado) de Cundinamarca, Álvaro Cruz, de Cambio Radical (partido del vicepresidente y seguro candidato a la presidencia, Germán Vargas Lleras).
En el caso del exministro chino, “considerado el padre del transporte férreo de alta velocidad”, después de haber colocado a China como el primer país en el mundo con la más extensa red férrea de alta velocidad, se descubrió que, haciendo uso del cargo, favoreció a varias empresas y amigos con contratos. Los medios noticiosos informaron que “el Tribunal de Pekín, que condenó a la pena de muerte al alto funcionario, lo encontró responsable de haber dilapidado activos públicos colosales, utilizar su posición para ayudar a 11 conocidos a lograr contratos y promociones, y aceptar 64,6 millones de yuanes (8,2 millones de euros). Al funcionario también se le incautaron todos sus bienes”.
Así pues, mientras en China iniciaban la aplicación de la pena de muerte a los altos funcionarios implicados en delitos contra el patrimonio público (crímenes de corrupción), en Bogotá, por denuncias de Gustavo Petro, en ese entonces congresista, se descubrió una sofisticada organización criminal para favorecer con contratos y concesiones de bienes públicos a empresas y amigos del alcalde de la época, Samuel Moreno. La red fue organizada por su hermano, Iván Moreno.
Esta red criminal, con tentáculos en varios países distintos a Colombia y en paraísos fiscales, estaba dotada de “bufetes sofisticados de abogados y expertos en negocios y finanzas”, según se ha descubierto, y saqueó sin compasión los bienes públicos de la ciudad de Bogotá, por un monto de 2,2 billones de pesos colombianos (1.100 millones de dólares al cambio de la fecha). Algunos funcionarios han sido condenados; sin embargo, varias voces de opinión han alertado sobre la posibilidad de que muchos responsables del saqueo y robo de bienes públicos no reciban castigo, debido al vencimiento de los términos establecidos en la ley para la investigación y sanción de los delitos de corrupción. “No están todos los que son”, se dice en los corrillos.
Sin llegar escudriñar en los métodos con los cuales se les aplica la pena de muerte a los corruptos, se conoce que la medida termina siendo rentable para el Estado chino, porque los órganos de los ejecutados son comercializados y usados para trasplantes. Acá, además de la permisividad normativa que pareciera redactada para favorecer a los corruptos, existe evidencia de discriminación en la aplicación de justicia y condenas. Repentinas ‘afecciones cardiacas’ son usadas como causales para decretar permanencias en clínicas lujosas o mansiones por cárcel. La ecuación costo-beneficio juega a favor de los corruptos, incluso, varios de ellos gozan de abultadas ‘pensiones’ con dineros públicos robados.
Por estos días, otro escándalo estalla. La firma Odebrecht es acusada de sobornar a altos funcionarios para conseguir contratos, entre aquellos figuran colombianos. La estridencia mediática se ha hecho sentir. También hay quienes creemos que llegó la hora de modificar la legislación para aplicar la cadena perpetua a los corruptos, incautar todos sus bienes, quitar la personería a los partidos políticos implicados e instaurar el ‘poder moral’, entre otras decisiones, para perseguir a los corruptos. ¿Qué opina?
Héctor Pineda
* Constituyente 1991