Aunque el patrullero Wílmer Alarcón sabía que el grafitero Diego Felipe Becerra estaba desarmado, luego de requisarlo en la noche del 19 de agosto del 2011, le disparó por la espalda cuando el menor, en un descuido, aprovechó para huir corriendo.
Por esta conclusión, que se obtuvo tras un proceso penal de cinco años, el juez 43 de conocimiento sentenció al uniformado a pagar una condena de 37 años, seis meses y un día de prisión, y además quedó impedido para ejercer cargos públicos por el mismo tiempo.
De acuerdo con el expediente, el patrullero había acudido a la calle 116 con avenida Boyacá, en búsqueda de unos atracadores que habían perpetrado un robo en una buseta de servicio público; sin embargo, encontró a Becerra junto con sus amigos, a quienes requisó, pero no les encontró armas, ni elementos robados.
En ese momento es cuando el grafitero huye, y el uniformado le dispara. “(Becerra) siempre estuvo indefenso frente al agente de policía, quien lo había registrado y no le encontró algún elemento relacionado con un hurto en una buseta. Tampoco permitió que Becerra continuara su marcha y, sin pensarlo y sin darle aviso, accionó su arma”, afirmó el juez.
Además, se reiteró que el grafitero no portaba una pistola y que tampoco le apuntó al uniformado, argumento con el que se pretendía justificar el accionar de Alarcón, quien señaló que disparó al verse amenazado por Becerra.
“(En las manos del menor) no había presencia de antimonio, plomo y bario, resultado con el que se prueba que el joven no portó, y mucho menos usó, un arma de fuego”, explicó el juez.
Y también se tuvo en cuenta que la pistola marca Sterling que se encontró en la escena del crimen, que supuestamente utilizó el grafitrero, la dejaron en el sitio tras los hechos: “Fue colocada por un tercero con posterioridad a su deceso”.
Al final de la audiencia, el juez ordenó la captura de Alarcón, quien fue puesto en libertad en agosto del 2016 por vencimiento de términos. Desde entonces no ha vuelto a comparecer por este proceso, y se encuentra prófugo de la justicia.
Lección para la Policía
Gustavo Trejos y Liliana Lizarazo, padres del grafitero, señalaron que después de cinco años se hizo justicia con su hijo, pero que además se logró probar ante la sociedad que el menor no era ningún delincuente.
“Es una decisión acorde con la ley y el Código Penal, y quedó demostrado que Diego Felipe nunca estuvo cometiendo un delito”, afirmó Trejos.
Para la madre del menor, esto debe ser una lección para los uniformados: “Deben hacer un alto en el camino; los policías que se están vinculando han demostrado ser inestables y que acaban con la vida de las personas por el abuso de autoridad. Conocemos de más casos como los de mi hijo”.
BOGOTÁ