La Comisión Primera de la Cámara comenzó este miércoles el debate y votación del proyecto de reforma constitucional que crea la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
La primera decisión fue negar la propuesta de archivo que presentó el representante a la Cámara por el Centro Democrático Samuel Hoyos, la cual solo obtuvo el apoyo de 3 representantes y el voto negativo de 23.
En consecuencia se comenzó con el estudio de la ponencia mayoritaria, la cual fue objeto de dos reuniones entre el Gobierno y los ponentes y que será puesta a consideración de los 35 integrantes de esta célula legislativa.
Este proyecto busca crear la estructura constitucional de la justicia transicional y dar los parámetros para el juzgamiento de los integrantes de las Farc señalados de crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad y genocidio, entre otros.
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La iniciativa para crear la JEP, que según la vía rápida o 'fast track' debe surtir cuatro debates, también incluye el tratamiento para los agentes del Estado, capítulo en el cual se propondrán algunas modificaciones.
Entre estas están las condiciones bajo las cuales un comandante de brigada podría ser investigado por los delitos que cometen sus subordinados, las cuales quedarían establecidas en esta enmienda transitoria a la Carta Política.
Según la ponencia, habrá “responsabilidad del mando” cuando se compruebe que “la conducta o las conductas punibles hayan sido cometidas dentro del área de responsabilidad asignada a la unidad bajo su mando”.
Igualmente, cuando el superior “tenga la capacidad efectiva” de “desarrollar y ejecutar operaciones dentro del área donde se cometieron los hechos punibles” y de “tomar las medidas adecuadas para evitar o reprimir la conducta o las conductas punibles de sus subordinados” y no lo haya hecho.
El representante a la Cámara por ‘la U’ Hernán Penagos, uno de los coordinadores ponentes de la norma, afirmó que también se hizo una “diferenciación” entre “el tratamiento a la Fuerza Pública y el del resto de agentes del Estado”.
“Esto para dejar claridad en que los agentes del Estado del nivel civil tendrán un tratamiento diferencial frente a los miembros de la Fuerza Pública”, afirmó Penagos.
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Esta modificación diferenciaría, por ejemplo, a varios ministros de Defensa y viceministros -que usualmente son civiles- frente a las faltas que hayan cometido los uniformados en medio del conflicto armado.
Se espera que esta misma semana este proyecto de reforma constitucional sea aprobado por la Comisión Primera de la Cámara para que siga su tránsito a la plenaria para su segundo debate.
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