El fantasma de la Unión Patriótica se cierne sobre el proceso de paz. Un saboteo expresado en asesinatos contra líderes sociales puede ponerlo en jaque. Es hora de dar confianza a las comunidades en los territorios. Se necesita la ampliación de la verificación internacional.
El acuerdo de paz contempla la creación de una nueva misión política de la Asamblea General de las Naciones Unidas cuando se acabe la operación actual del Consejo de Seguridad encargada de la verificación del cese del fuego. Tendrá dos pilares de verificación: la reincorporación de las Farc-EP a la vida civil y las garantías de seguridad y protección para las comunidades. No podemos esperar un despliegue consecutivo de misiones; se requiere una presencia simultánea.
Según la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, van 108 homicidios de defensores de derechos humanos desde el 2015. La cifra en el 2016 (64) estuvo por encima del total en el 2015 (41), y en lo que va del 2017 ya se cuentan tres casos. Los números resultan alarmantes.
Las investigaciones de la Fiscalía permiten descartar, por el momento, la sistematicidad en relación con persecución política o ideológica. Nada indica una iniciativa masiva de saboteo al proceso de paz. De existir un patrón, este estaría orientado, más bien, a espacios de economía ilícita. Aun así, el efecto podrá terminar resultando el mismo.
Los homicidios de defensores de derechos humanos y líderes sociales minan no solo la confianza en la construcción de paz territorial, sino también la interlocución entre el Estado y la sociedad civil. La conversación requiere de la presencia de un tercero creíble. La actual misión de las Naciones Unidas no cuenta con un componente robusto de derechos humanos.
¿Para qué esperar? Las mismas partes concretaron que el punto de las “Garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones y conductas criminales (...) que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales (...)” habrá de ser verificado cuando los miembros de las Farc-EP abandonen los puntos de transición.
El despliegue consecutivo de diferentes presencias de Naciones Unidas constituye una práctica que se evidencia en misiones de mantenimiento de paz cuyos mandatos se van transformando, como en Haití y Somalia, o que se convierten en misiones políticas a medida que la intensidad de un conflicto disminuye, como en Sierra Leona.
Aunque no del todo similares, existen precedentes de despliegues simultáneos de ONU autorizados por órganos diferentes, por ejemplo, oficinas de carácter político que operan al lado de misiones de mantenimiento de paz, como en Líbano.
Si las partes acordaran solicitar de manera anticipada el despliegue de la misión de la Asamblea General, se podría esperar que la ONU propusiera, más bien, una ampliación del mandato de la actual misión del Consejo de Seguridad. Ello nos llevaría a una profundización de la agenda del Consejo de Seguridad en Colombia, algo que la Cancillería, con buen tino, quiere evitar.
Las partes acordaron que el personal de la nueva misión tenga experiencia en derechos humanos. Para este caso, a diferencia de la actual, se podría pensar en cierto grado de integración con el sistema de Naciones Unidas en Colombia que permitiría aprovechar la experiencia de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en Colombia.
Así todos ganan. Con un actor de la credibilidad de Naciones Unidas, se daría una respuesta pertinente y oportuna a un problema de extrema sensibilidad que pone en riesgo la efectiva implementación de los acuerdos. Y se respondería a las comunidades y líderes sociales que requieren con urgencia medidas de seguridad que generen confianza.
Laura Gil