Este martes, el juez primero penal municipal de Bogotá, Carlos Alberto López, falló una tutela a favor de Carolina Sanín y ordenó a la Universidad de los Andes reintegrarla a su cargo anterior o en uno de superior jerarquía en un plazo máximo de dos días. Según el documento, la profesora deberá informar a la universidad si desea continuar trabajando o no.
Por otro lado, la institución educativa está en la obligación de pagar los salarios y prestaciones “dejados de devengar por Carolina Sanín”, en las próximas 48 horas.
Sanín celebró la decisión tomada por el juez en redes sociales diciendo: “Esto deja claro que nadie está por encima de la justicia y que las colombianas seguimos luchando por la igualdad de género en todos los espacios”.
(Lea también: Las posiciones en la polémica entre los Andes y Carolina Sanín)
La decisión del juez obliga también a que “la universidad inicie en los próximos tres meses una campaña institucional, con la participación de profesores, estudiantes, directivos y demás funcionarios administrativos, de rechazo social a manifestaciones de odio, racismo, discriminación, matoneo, sexismo, machismo, acoso laboral, en redes sociales”.
Además, se harán llegar a la Fiscalía General de la Nación las pruebas que presentó la profesora sobre matoneo y acoso virtual del que ella fue víctima por parte del grupo de Facebook Cursos y Chompos Ásperos Reloaded.
Aunque el juez aclaró que no hubo violación por parte de la universidad de derecho fundamental alguno, ordenó que el Ministerio del Trabajo y el de Educación, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer y la Secretaría Distrital de la Mujer inicien visitas a la Universidad de los Andes y realicen campañas educativas y preventivas sobre conductas de acoso laboral, matoneo y, en especial, por violencia de género.
“En la universidad por su naturaleza y misión está prohibida la censura. Tampoco es viable el uso de mecanismos contractuales para constreñir la libre opinión o sus manifestaciones externas. No es posible a la universidad mediante convenio con el docente delimitar el ejercicio de las libertades básicas que le son propias, forzar su renuncia a derechos fundamentales, ni que se les castigue por ejercitar sus libertades públicas", dice la sentencia.
Pablo Navas, rector de la institución en su momento, dijo: "La universidad, a través de su jefatura de relaciones laborales, decidió terminar el contrato de la profesora bajo la figura de la justa causa debido al incumplimiento de sus deberes, según lo previsto en el Código Sustantivo del Trabajo, en particular por la grave afectación causada a la sana convivencia entre los miembros de la comunidad".
El proceso contra Sanín hace referencia a los comentarios que ella –egresada del programa de Filosofía y Letras de la misma universidad de la que era docente, doctora en Literatura Española y Portuguesa de la universidad de Yale, escritora de varios libros y columnista en diferentes medios de comunicación– ha hecho en su página de Facebook, donde tiene cerca de 19.000 seguidores. Allí, en su cuenta personal, ha criticado –entre otros temas– la vinculación de los jóvenes beneficiarios del programa del Ministerio de Educación ‘Ser Pilo Paga’.
Al respecto escribió: “Que no se vulnere la dignidad del estudiante monetarizando y prostituyendo su educación con el nombre de esas becas. Pues nadie debe ser pilo porque eso pague”. Y ha comparado a la universidad con un centro comercial y con una cárcel.
VIDA / EDUCACIÓN