El fantasma de la revocatoria vuelve a rondar a varios alcaldes del país. Aunque las motivaciones pueden ser diversas, hay un denominador común que va más allá de la incapacidad de los gobernantes: la puja política que se libra en muchas administraciones a un año de haber emprendido labores.
En el caso de la capital, no hace mucho hacíamos desde estas líneas un balance del arranque de Enrique Peñalosa. Balance que, por demás, resaltaba los avances en distintos frentes, reflejo de un nuevo estilo y un nuevo rumbo que ha emprendido la ciudad tras una década de sinsabores.
Aunque esto es evidente, el nuevo año comienza con una intención de revocatoria en su contra que obedecería más a otro tipo de intereses que a las razones contempladas por la norma constitucional que dio vida a un mecanismo de control ciudadano hacia quienes ejercen el poder.
Entre los argumentos a los que se apela para sustentar tal iniciativa están el que el Alcalde no haya iniciado la construcción del metro, haber conseguido la aprobación del Concejo para la venta de la Empresa de Teléfonos o que haya cauterizado el torrente de contratistas que había inundado a la administración pública. Lo que olvidan quienes recurren a estos argumentos es que buena parte de lo que hoy reclaman como excusa para la revocatoria fue lo que el mandatario propuso en su campaña, y que está obligado a cumplir.
A Peñalosa se lo puede cuestionar por su estilo de gobernar, por sus programas o por la forma en que piensa ejecutarlos, ni más faltaba. Todo ciudadano tiene derecho a disentir del tipo de ciudad que ofrece el Alcalde, a criticarlo y revocarlo, si así le parece. Lo que no resulta aconsejable es que para ello se acuda a la mentira abierta, a la manipulación del electorado y, peor aún, a una sacada de clavo de quienes perdieron el poder o se beneficiaron de él. No hay que llamarse a engaños: detrás del intento de revocatoria del Alcalde se esconde el claro interés de generar una crisis en Bogotá con fines puramente politiqueros.
Y aunque suene paradójico, lo mismo sucedió en la pasada administración cuando al alcalde de turno se lo quiso separar de sus funciones por motivos más ideológicos que de otra índole. El proceso se truncó y lo que se impuso fue la sanción de la Procuraduría General, lo cual condujo a una crisis institucional que llevó a que, en un momento dado, Bogotá tuviera tres alcaldes, con lo que ello significó para la gobernabilidad y el ánimo ciudadano.
La revocatoria de la que se viene hablando resultaría, por demás, exótica: recaería sobre quien ha conseguido el respaldo del Concejo –que tiene entre sus funciones ejercer control de la Administración Distrital– y del Gobierno Nacional a iniciativas como el metro elevado, la venta de activos y el saneamiento administrativo.
Como bien lo advertía el exministro Jaime Castro, amén de lo anterior, el manoseo al que se ha sometido el valioso recurso de la revocatoria, más que reparar en la mala gestión de un gobernante, ha derivado en una premisa para que posibles revocados promuevan órganos paralelos que avalan firmas, demandas o tutelas con tal de aferrarse al cargo, lo que pone en tela de juicio la efectividad del mecanismo y la democracia misma.
editorial@eltiempo.com