“Las Farc están en deuda con el país... las Farc no cumplieron con la entrega de menores...”, dijo Sergio Jaramillo, alto comisionado para la Paz y negociador del acuerdo. No queda duda. El diario cucuteño ‘La Opinión’ informa: “El funcionario y miembro del equipo negociador del Gobierno consideró que es inaceptable que esto ocurra, puesto que esta fue una de las promesas que hizo el grupo armado”.
Aunque valoro en alto grado que Jaramillo hoy levante su voz frente a este cruel incumplimiento de la promesa, hay que recordar que, ante la mirada indolente de las autoridades y agencias internacionales competentes, los derechos de los niños reclutados criminalmente por las Farc fueron ignorados y burlados sistemáticamente a lo largo del proceso de negociación del acuerdo.
No obstante lo explícito del mandato constitucional, con olímpico cinismo una y otra vez se lo pasaron por la faja. El tema era sencillo: la Constitución ordenó que el primer asunto sobre el cual se han debido ocupar Gobierno y Farc era el relativo a la libertad de los niños. Y por si alguna duda les podía quedar, mil y más veces les recordamos que el debut de la Corte Penal Internacional fue con una condena por reclutamiento criminal de menores, tipificado como uno de los más brutales crímenes de lesa humanidad. Oídos sordos.
Tras varios años de diálogos, después de haber ignorado el tema en el acuerdo marco y haber excluido a los niños de la agenda de las conversaciones, cuando ya era insostenible tanta infame indiferencia en la mesa de negociación, en marzo del 2016 pactaron que los menores de 15 años saldrían de las filas de las Farc y prometieron, de cara al plebiscito, que elaborarían un nuevo programa para la reincorporación de todos los niños. Pura carreta.
En mayo, con el plebiscito aún más cerca, en otra jornada publicitaria, anunciaron la salida “en breve” de todos los menores de los campamentos. Según el propio Jaramillo, citado por ‘La Opinión’, solo 13 menores abandonaron los campamentos de las Farc.
¿Cuántos son? Ni idea. El Gobierno nunca se paró en la raya para exigir ese número con precisión a efectos de poder verificar su retorno y el restablecimiento de sus derechos. Vuelvo a ‘La Opinión’: “El Gobierno desconoce cuántos niños y adolescentes están en esa guerrilla, pero Jaramillo sostuvo que hay certeza de que un número importante de guerrilleros se unieron a las Farc siendo niños y que aún hay muchos menores de 18 años dentro de las tropas”.
La diligente senadora llanera Nohora Tovar ha vuelto a ponerles rostro a estas denuncias mediante la exposición pública del caso del menor Yúlmer Gómez y convoca a un plantón en Granada, Meta, el próximo martes para exigir el retorno de todos los niños secuestrados. A pesar de la nitidez del video, las autoridades nada dicen. Y la impetuosa activista Natalia Bedoya ha iniciado una campaña internacional con memoriales dirigidos a la CIDH en el mismo sentido. Esperamos respuestas.
Hoy, cuando el país se ha estremecido y movilizado para exigir la máxima condena a Rafael Uribe Noguera, confeso asesino y violador de Yuliana Samboní, hay que lograr una movilización análoga para que todos los monstruos que hicieron lo mismo también reciban la máxima pena posible.
Cualquiera que sea su origen, las Farc, el Eln, las ‘bacrim’, las ‘Farcrim’, las mafias, el narcotráfico, la delincuencia común, criminales en serie, o integrantes del mismo núcleo familiar de los menores abusados, todos, sin excepción, deberían recibir la sanción más dura posible, mientras se logra, ojalá, que se imponga la cadena perpetua a los violadores y asesinos de niños. Por lo pronto, se debería articular una poderosa voz colectiva que exija el retorno inmediato de todos los menores que permanecen reclutados en las filas de las Farc.
Unicef, ¿aló, aló, Unicef? ¿Aló, Unicef...?
JUAN LOZANO