Los puntos 1 y 4 del acuerdo con las Farc esbozan un ambicioso plan de reforma rural y reducción del narcotráfico. Su desarrollo, así como lo referente a la participación comunitaria, puede resultar en un cambio fundamental en la vida de nuestros campesinos. O en una nueva frustración. Depende de cómo se implementen.
La Misión Rural enfatizó en que el atraso de nuestro sector rural se debe, ante todo, a que los gobiernos se han dedicado a repartir subsidios al que más grita y no han cumplido con su deber de proveer los bienes públicos indispensables para el desarrollo y la inclusión: educación, salud, vías terciarias, drenaje y riego, seguridad, justicia y protección social. El acuerdo con las Farc es algo ambivalente en este tema medular. Aunque prevé planes ambiciosos de provisión de bienes públicos, el artículo 1.3.3. insiste en otorgar subsidios a la economía campesina (cuando Agro Ingreso Seguro se aprobó, también se dijo que sería para productores pequeños). El Plan Multianual de Inversiones, que exige el acuerdo, y el Conpes deben otorgar prioridad a los bienes públicos.
Además, la provisión de bienes públicos debe ser coordinada y priorizada. Ni el acuerdo ni los documentos Conpes existentes muestran claridad al respecto. Un estudio de Fedesarrollo* sugiere la creación de una Comisión Intergubernamental de Desarrollo Rural (ojalá con secretaría del DNP) para coordinar y poner orden en los 12 planes sectoriales que contempla el acuerdo. Sería funesto que cada subsector público vaya por su lado.
Resulta también urgente definir prioridades en el tiempo. Las vías terciarias deben tener prioridad inicial, pues con ellas lo demás se facilitaría y los campesinos tendrían más opciones productivas. Sin ellas, resulta iluso creer en el éxito de la sustitución de cultivos ilícitos y la provisión eficiente de los demás servicios públicos en zonas aisladas.
El acuerdo deposita su esperanza en la planeación de abajo hacia arriba, con amplia participación comunitaria. Esta teoría está de moda, con buenos argumentos. Pero, salvo en la Unión Europea, la mayoría de las experiencias son decepcionantes. En Colombia, las consultas comunitarias han sido capturadas con frecuencia por avivatos que chantajean al Estado en su provecho personal. Las obras públicas se demoran y encarecen, y las comunidades no se benefician. La Corte Constitucional, que falla como si viviéramos en una república de ángeles, y la negligencia del Ministerio del Interior, que tiene engavetada una ley estatutaria ampliamente concertada, han impedido evitar estos abusos. Congreso y Gobierno tienen que tener sumo cuidado en cómo desarrollan estos puntos del acuerdo. De ello puede depender su éxito o su fracaso.
La priorización y la adecuada planeación resultan críticas no solo para lograr los objetivos del acuerdo, sino para que este no conduzca a una crisis fiscal. A buena hora, por insistencia de los del No, el nuevo acuerdo obliga a que los planes del posconflicto queden sujetos a la regla fiscal y los planes fiscales de mediano plazo. Pero esto hay que cumplirlo. Y no será fácil.
El estudio de Fedesarrollo estima que estos puntos del acuerdo costarán cuando menos 3 billones y medio de pesos de hoy por año (0,41 % del PIB), en adición a lo que ya está contemplado en los planes fiscales actuales –y descontando los recursos esperados de cooperación internacional–. Su desarrollo hay que hacerlo con juicio. Las inversiones deben crecer en el tiempo, a medida que se puedan reducir otros gastos (subsidios, defensa) y la Dian demuestre que utiliza bien los nuevos instrumentos de control de evasión que le otorgó la reforma tributaria. ¡No podemos volver en unos años a pedir a los ciudadanos otros dos puntos del IVA!
* Junguito, Perfetti y Delgado, Fedesarrollo, 2016
GUILLERMO PERRY