Un nuevo capítulo, ya relacionado con la justicia, se abrió en desarrollo de la investigación sobre los hechos que rodearon la tragedia por la caída de un puente colgante en la vereda El Carmen, que generó la muerte de ocho personas.
Un juez de control de garantías de Villavicencio negó el miércoles la solicitud de orden de captura que la Fiscalía realizó contra Manuel Antonio Díaz Ardila y su hija Adriana Milena Díaz, responsables del predio La Esmeralda (Meta), donde están los puentes colgantes, uno de los cuales cayó el fin de semana y cobró la vida de ocho personas.
El juez negó las pretensiones del ente investigador con el argumento de que las autoridades competentes tenían las herramientas para sancionar el uso de estos puentes por daños ambientales, pero no las ejecutaron.
Además, también consideró que Manuel y Adriana Díaz tienen arraigo en la ciudad y que por lo tanto no hay riesgo de que no comparezcan ante la justicia cuando esta los llame a responder.
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La Dirección Seccional de Fiscalías y Seguridad Ciudadana del Meta, que apeló la decisión del juez, investiga a los indiciados por los delitos de homicidio culposo, lesiones personales culposas y daños ambientales, por los hechos ocurridos el pasado lunes festivo.
Las pruebas aportadas por la Fiscalía en la audiencia reservada fueron recopiladas por la Sijín de la Policía Metropolitana de Villavicencio y el CTI. (Vea también: 'Manos criminales cortaron el cable': padre de propietarios de puente)
El ente investigador cuenta con informes técnicos de policía judicial de la Sijín y del Cuerpo de Bomberos de Villavicencio sobre el estado de los puentes.
Uno de los datos más relevantes del informe es que en ninguna parte de la estructura hallaron rastros de manos criminales como la presencia de ácidos o cualquier otro químico que haya afectado el puente que colapsó.
Esto deja sin soporte la tesis de Manuel Díaz que la tarde del miércoles habló de posibles manos criminales por la caída del puente.
“Existe la posibilidad de que una mano criminal haya intervenido el cable con algún ácido o algo parecido, dada la afluencia de público y la acogida ambiental del proyecto, o personas enfermas de la envidia en un momento de demencia hayan actuado así”, aseguró Díaz en rueda de prensa.
Sin embargo, el informe concluyó que los puentes de La Esmeralda no son idóneos para el uso que les estaban dando en el predio, con fines de aprovechamiento turístico.
De hecho, determinaron que la falta de mantenimiento preventivo es evidente, pese a que a los usuarios les cobraban 2.000 pesos para ese propósito.
En el paquete de pruebas también hay un sinnúmero de testimonios de testigos de la caída del puente, de usuarios permanentes de la vereda y del sitio de los puentes, así como de vecinos del lugar.
Víctimas esperan priorización del caso en la justicia
Tras la apelación de la decisión del juez, la segunda instancia será de conocimiento de un juez penal del circuito de Villavicencio. Dada la connotación del caso, las víctimas esperan que sea priorizado y resuelto en menos de una semana.
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Llano Sie7edías también conoció que la Fiscalía presentó en la audiencia reservada los soportes de los procesos administrativos que tienen Cormacarena y la Alcaldía –Secretaría de Control Físico– contra el predio y contra Manuel Díaz Ardila.
La Fiscalía dio a conocer las teorías de la posición de garante y del deber que recae sobre los Díaz, los cuales considera que no fueron cumplidos por los implicados, particularmente frente a los protocolos de seguridad y de cuidado. No cuentan con guardias que controlen el paso y los usuarios debían ser protegidos con arnés.
MIGUEL HERRERA ARCINIEGAS
REDACCIÓN LLANO SIE7EDÍAS