La Fiscalía General de la Nación imputará en las próximas horas los delitos de cohecho, interés indebido en la celebración de contratos y enriquecimiento ilícito a Gabriel García Morales, exdirector del Inco y exviceministro de Transporte en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, y quien fue capturado en la tarde de este jueves en el sector de El Chicó, en el norte de Bogotá. (Además: Gabriel García, sospechoso de recibir soborno, dice que dará la cara)
El viceministro fue escuchado en la noche de este jueves en interrogatorio durante tres horas en el búnker de la Fiscalía. García se expone a más de 20 años de prisión y el siguiente paso será un proceso de extinción de dominio en su contra.
“La Fiscalía tiene evidencia de que el señor García exigió el pago de 6,5 millones de dólares para garantizar que Odebrecht fuera la única firma habilitada para la licitación del tramo dos de la Ruta del Sol, excluyendo a otros competidores, para que le fuera otorgada la concesión, como en efecto ocurrió”, aseguró el fiscal general, Néstor Humberto Martínez.
García Morales es delfín de una reconocida familia de la Costa y fue mano derecha del fallecido Andrés Uriel Gallego en los últimos meses en el Ministerio de Transporte. Hace un mes, cuando los reflectores empezaron a apuntar sobre él, aseguró que tenía “la conciencia tranquila” y que siempre actuó dentro del marco de la ley y “en cumplimiento cabal de las normas vigentes”.
Un funcionario de la Fiscalía realiza el procedimiento de captura a Gabriel García Morales. |
El fiscal Néstor Humberto Martínez aseguró que ese pago “se llevó a cabo para lograr la adjudicación, por parte del Instituto Nacional de Concesiones (Inco), dirigido en calidad de encargado por Gabriel García Morales”, de esa megaobra en diciembre del 2009. El contrato fue firmado en enero del 2010 por 2,4 billones de pesos. En la investigación, que además cuenta con la colaboración de la firma en Colombia, hay evidencias de que García “exigió el pago de US$ 6,5 millones para garantizar que Odebrecht fuera la única firma habilitada para la licitación, excluyendo a otros competidores, para que le fuera otorgada la concesión, como en efecto ocurrió”. (Le puede interesar: Aparecen nuevos rastros en el escándalo de Odebrecht en Colombia)
No se trata del único negocio de Odebrecht en el que se habrían pagado sobornos. Tal como lo señaló en su momento la justicia de Estados Unidos, los sobornos de la firma en el país alcanzaron los 11,5 millones de dólares.
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La Fiscalía dice que la diferencia “se utilizó para obtener otras obras públicas con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) durante la actual administración”. Paradójicamente, la ANI nació en el 2011, en el primer gobierno del presidente Juan Manuel Santos, para acabar con los escándalos que caracterizaron la corta vida institucional del Inco, varios de cuyos altos funcionarios terminaron en líos judiciales.
El jueves en la noche, el director de la Agencia, Luis Fernando Andrade, se abstuvo de pronunciarse sobre el señalamiento del organismo investigador. El Fiscal General dijo también que hay rastros de corrupción en contratos asignados a Odebrecht por Gobiernos locales y regionales.
“No se trata solo de contratos del orden nacional. Se han identificado contratos del orden local con entidades territoriales”, aseguró. En ese sentido, anunció la judicialización “de un mayor número de intervinientes” en ese ilícito. Lo que la Fiscalía considera probado es que “la firma Odebrecht efectuó pagos para obtener varios contratos de obra en Colombia”, para lo cual se usaron varios mecanismos de fachada.
En el caso del tramo dos de la Ruta del Sol, las coimas se entregaron en Brasil, a través del Departamento de Operaciones Estructurales de Odebrecht, “que según las pruebas en poder de la Fiscalía era el mecanismo mediante el cual esa firma hacía los pagos derivados de la corrupción”. La investigación recabó documentos “sobre esos pagos”.
Odebrecht colaborará con Fiscalía y reparará a la nación
La Fiscalía confirmó anoche que la firma Odebrecht pidió beneficios judiciales para sus funcionarios a cambio de colaboración en la investigación contra los demás implicados en el país.
Como parte de esa negociación, directivos de la empresa implicados en sobornos podrían lograr una inmunidad que garantizaría la cesación de los procesos penales en su contra a cambio de información y de que testifiquen contra otros partícipes.
El fiscal general, Néstor Humberto Martínez Neira, señaló que la Fiscalía puso como condición para avanzar en la negociación que Odebrecth repare al país por el daño ocasionado con sus negocios ilegales. Se estableció que la empresa le pagará a la Nación recursos por cerca de 32 mil millones de pesos.
“El monto de la reparación acordado con la firma brasileña para el caso colombiano supera el que se obtuvo en el Perú, según la información pública que se conoce –dijo Martínez Neira– (...) Los sobornos en ese país alcanzaron los 29 millones de dólares, y el pago previsto está cerca de los ocho millones de dólares. En el caso colombiano, las autoridades extranjeras identificaron sobornos por 11 millones de dólares, y la reparación será por el mismo monto de los sobornos que fueron entregados”.
El jefe del ente acusador señaló que los voceros de Odebrecht aceptaron ese condicionamiento. Martínez Neira sostuvo que esos beneficios se concederían en el marco del Estatuto contra la corrupción aprobado en el año 2011, cuya causal 14 –la de los principios de oportunidad, que garantizan negociaciones en casos de cohecho “si una de las partes denuncia a la otra”– se estrenaría con este caso.
Esa colaboración sería clave para llegar a otros implicados en la red de pago de coimas, pues durante más de dos décadas la firma ha hecho megaobras en todo el país, tanto en el orden nacional como el local.
“La Fiscalía continuará esta investigación que apenas comienza; se avanzará hasta establecer de manera rotunda y definitiva a todos los terceros y funcionarios públicos involucrados en esos hechos”, advirtió el Fiscal General.
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