Un total de 1.800 millones de pesos tendrá que pagar el Estado colombiano, en la primera condena del Sistema Interamericano relacionada con la polémica operación Orión, realizada en las comunas de Medellín en octubre del 2002. (Además: CIDH condena al Estado por la Operación Orión)
Propiamente, no es una condena por esa acción militar y policial, en la que según la propia justicia colombiana hubo excesos y además participación de grupos paramilitares. Sin embargo, el contexto de los hechos analizados por la Corte Interamericana está totalmente enmarcado en Orión.
El Estado fue condenado por las detenciones ilegales y la falta de protección que sufrieron Luz Dary Ospina Bastidas, Myriam Eugenia Rúa Figueroa, Ana Teresa Yarce, María del Socorro Mosquera Londoño y Mery del Socorro Naranjo Jiménez en los días y meses siguientes a la avanzada contra las milicias que hacían presencia en la comuna 13.
Mosquera, Naranjo y Yarce fueron víctimas de detención arbitraria por sus supuestos nexos con la guerrilla. La señora Yarce fue asesinada en octubre del 2004.
(Además: Víctimas de Operación Orión esperan que el fallo de la CIDH se cumpla)
Según el tribunal, la detención de las tres mujeres durante 10 días, en el marco de una investigación por concierto para delinquir, no solo vulneró su derecho a la libertad sino que las expuso a un riesgo mayor, porque las puso bajo la lupa de los paramilitares.
“Se efectuó incumpliendo el marco normativo interno colombiano al momento de los hechos y no se contó con una motivación suficiente para justificar su detención”, se lee en el documento.
Así mismo, la Corte sostiene que el Estado colombiano no adoptó medidas razonables para remediar el contexto en el que se presentó el desplazamiento de la señoras Luz Dary Ospina, Myriam Rúa, Socorro Mosquera y Socorro Naranjo, y el de sus familias.
“La Corte concluye que hubo una conducta omisiva estatal que coadyuvó al impedimento de que las personas nombradas, así como sus familiares que se desplazaron con ellas, pudieran establecer el lugar de su residencia en forma libre (...). El desplazamiento generó que las condiciones de vida de las personas se hayan visto significativamente afectadas”.
Las víctimas
El fallo hace especial énfasis en que el trabajo de las mujeres como defensoras de derechos humanos era una tarea peligrosa que las exponía a múltiples vulneraciones, algo que se acentuó después de los operativos de la Fuerza Pública contra organizaciones armadas ilegales en la zona noroccidental de Medellín.
Como un gran paso en una lucha larga y constante de 14 años, así recibieron las mujeres víctimas de la comuna 13, en Medellín, la condena de la CIDH.
De la noticia se enteraron el martes pasado, cuando les avisó la abogada María Victoria Fallon, del Grupo Interamericano de Derechos Humanos (GIDH), que ha acompañado el proceso.
Este miércoles se reunieron para compartir su satisfacción, pero también para establecer un plan de acción tras el fallo. Desde ahora, se seguirán reuniendo para leer toda la sentencia y conocer sus componentes.
Según Fallon, la sentencia marca un precedente porque es la primera vez que la CIDH emite una sentencia sobre las condiciones de trabajo de las defensoras de derechos humanos y del país.
“El Estado nos señaló de ser colaboradoras y ser guerrilleras, se basó en dichos y habladurías, y eso marcó nuestro trabajo. Por la defensa de derechos en el marco de la operación Orión, todas las personas que hacíamos denuncias éramos perseguidas y buscaron detenernos o desaparecernos”, dijo Mery Naranjo.
Las cuatro mujeres sobrevivientes y sus familias pidieron que se siga investigando lo ocurrido en Orión.
BOGOTÁ Y MEDELLÍN
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