Si hay un tema que preocupa y causa daño a Colombia y a su sociedad, es el del narcotráfico. Y además, como ha sido durante largos años, nos pone ante la mirada acusadora de la comunidad internacional.
Mucho le ha costado al país en vidas, en degradación social, en corrupción –porque todo lo corrompe– y en imagen este monstruo de mil cabezas. Inclusive, como lo hemos dicho en este espacio, frente al cerco y las incautaciones que sufren, los narcos han resuelto incrementar el negocio interno con el nefasto e inhumano microtráfico, que maneja cifras cercanas a los 6 billones de pesos al año, según datos del Departamento Nacional de Planeación.
Se trata de un mal que debe ser atacado desde sus raíces. Que son las de la planta misma. Por tanto, es plausible que uno de los propósitos del Gobierno para este año sea erradicar los cultivos de coca. En este aspecto –como se sabe–, por diversos factores, no se cumplieron las metas del 2016, que eran de 20.000 hectáreas, pero apenas se logró arrancar la planta de 17.593.
No se crea que es fácil. Hay que recordar que desde el 2015 se cumple la prohibición del Consejo Nacional de Estupefacientes de la aspersión aérea. Hay zonas minadas y cuidadas por guerrillas y bandas criminales. Y en varias otras, los campesinos, alegando que es su única fuente de subsistencia, se levantaron en paro, incluso poniendo por delante a menores y ancianos, para impedir la erradicación.
Por ello, a primera vista suena muy ambicioso el anuncio gubernamental de que este año se erradicarán 100.000 hectáreas. Pero los planes parecen tener asidero real y es de esperar que se plasmen sobre el terreno, pues un cambio de velocidad en este aspecto no da espera. Para nadie es un secreto que los cultivos de coca han venido creciendo tanto que se calculan en 130.000 hectáreas sembradas.
Los dos frentes a los que les apuesta el país, la sustitución voluntaria y la erradicación forzosa, están bien encaminados, pero ambos necesitan voluntad, autoridad, y, como en la vieja canción, “la cuestión es con dinero”. Por eso suena bien que se asigne un billón de pesos para que 72.000 familias, que seguramente se han visto forzadas a sembrar coca, la sustituyan por otros cultivos. Esto, entre otras cosas, requiere persuasión, acompañamiento técnico y seguridad.
La erradicación manual forzosa y la aspersión terrestre deben continuar, de la mano con la interdicción. Porque la lucha tiene que ser en toda la cadena, desde los laboratorios, las rutas, los puertos y aeropuertos hasta las ciudades.
El reto es colosal, con la ventaja de que esta vez las Farc deben estar en la otra orilla, en cumplimiento de los acuerdos firmados en el teatro Colón. Como lo recordó el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas: “(...) Las Farc se deben convertir en un aliado fundamental para las labores que adelanta el Gobierno en la lucha contra las drogas, entregando información detallada”. Y dejando claramente todo nexo con el negocio.
Por todo lo que significa, porque el narcotráfico suele ser el obstáculo mayor para la paz de los pueblos, y por la llegada del nuevo gobierno a Estados Unidos, que ya anunció que este será un tema clave de la relación bilateral, no se puede fracasar. Y en esto sí que debe haber unidad nacional.
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