El Instituto Nacional de Medicina Legal está seguro de que a través de la tecnología podrá hacerles seguimiento a los cadáveres que no son identificados o no son reclamados por algún familiar, cuando son inhumados en fosas pagadas por el Estado.
Este mecanismo permitirá evitar las profanaciones en cementerios con los cuales, los entes territoriales suscriben contratos para sepultar a los NN.
Se trata de instalar un microchip con una inyección en cada cadáver. El dispositivo tendrá un número único e inviolable de 15 dígitos y un código de barras. Tiene el tamaño de un embrión humano de seis semanas de gestación, pues mide entre 12 y 13 milímetros de longitud. Medicina Legal ya adquirió, mediante contrato, 23.000 microchips, de los cuales, 4.600 corresponden al Valle del Cauca, una de las cifras más altas en comparación con otras regiones del país.
De esos 4.600, de acuerdo con el contrato entre Medicina Legal y el proponente Allflex Europe SAS, sucursal Colombia, 3.300 microchips serán entregados a Cali. Es la segunda ciudad después de Bogotá con el más elevado número de estos dispositivos para igual cantidad de cadáveres, en especial, NN. La capital de la República recibe 4.600 y en tercer lugar aparece Medellín, con 2.500.
En el Valle del Cauca, de acuerdo con el contrato, 250 cadáveres de Buenaventura tendrán el implante; 650 cuerpos en Palmira; y otros 400 para Tuluá. En Nariño se implantarán 500 microchips y en Cauca, otros 400. Bucaramanga, en Santander, tendrá 800; Risaralda, otros 700; e Ibagué, 550.
Según Medicina Legal, la medida se tomó desde el año pasado y el contrato se firmó justamente cuando terminaba el 2016, luego de una licitación pública. El contrato se suscribió por 194’764.000 pesos.
El Instituto explicó que este proceso se inició en agosto del 2016, tras una convocatoria y argumentó la decisión por ser el estamento encargado de las necropsias y “de aportar información para la identificación de los cuerpos que ingresen a la entidad”.
El Instituto añade que “adicionalmente coordina el sistema del registro de cadáveres en situación de no identificación y por tal motivo se hace necesario hacer un seguimiento a los inhumados estatalmente, lo cual se da en aquellos cuerpos que a pesar de estar identificados no son reclamados, a su vez, con los cuerpos que no es posible su individualización....Siendo en algunos casos imposible ejercer dicho control administrativo por parte del Instituto”.
Además, a veces se deben ubicar de manera urgente los NN en cementerios como los de la Arquidiócesis de Cali y con la cual, la Alcaldía hace contratos para sepultarlos cada año. En un año se entierra un promedio de 80 cadáveres.
En la Secretaría de Gobierno del municipio señalaron que con este dispositivo so se presenta saqueo de tumbas no se pierden la información.
Morirse en Cali cuesta entre 1’500.000 y 20 millones de pesos, en este último caso si el lote es comprado y por aparte se pagan los servicios funerarios.
CALI
