A pesar de que el 2016 fue un año bisiesto, es decir de mal agüero, se logró firmar la esquiva paz con el grupo guerrillero de las Farc, aunque en otras materias el Estado colombiano siga en deuda con la mayoría de la población, en especial en lo que se refiere a los temas sociales.
El 2017 es la antesala del inicio de las campañas políticas para remplazar a Juan Manuel Santos como presidente y el comienzo del posconflicto, o el posacuerdo, donde se debe cumplir con los compromisos suscritos en La Habana entre el Gobierno y las Farc, en el campo económico, político y de reformas sociales, dentro de una perspectiva económica a nivel mundial poco atractiva y con una tendencia a la derechización de países muy cercanos a nuestros intereses, como son Estados Unidos y ciertos de la Unión Europea.
En el caso del ascenso al poder a partir del 20 de enero de Donald Trump, no sabemos si cumplirá con la amenaza de acabar con los tratados de libre comercio y en el marco de su política proteccionista endurezca sus reclamos a países como Colombia en pedir mayores resultados en la lucha contra el narcotráfico.
Es posible que exija la fumigación por aspersión aérea de los cultivos de coca, pues según el último informe de la agencia estadounidense antidrogas DEA y algunos analistas internacionales, a partir de la no fumigación en Colombia, las matas de coca se han convertido en frondosos árboles y la inconformidad en países del Caribe y en América Latina es evidente ante el crecimiento de la exportación de cocaína desde Colombia, con escala en regiones del continente americano, donde antes el negocio de esta droga se realizaba con evidente timidez.
Es difícil explicarles a observadores extranjeros por qué desde hace más de 30 años las campañas presidenciales se han desarrollado en torno a los temas de paz, pero en forma especial a lo que digan o no digan las Farc y a las distintas posturas sobre la guerra y la paz.
Las elecciones que se avecinan están marcadas por este mismo designio, sin que la clase política entienda que no solo de paz vive el hombre o a no ser que guerra y paz sean un subterfugio para dilatar y seguir sacándole el cuerpo a la solución de graves problemas que sufre la nación, como la corrupción, la inseguridad en las ciudades y poblaciones, el narcotráfico con sus nuevas modalidades, la grave crisis de la salud, la falta de una educación universal y las demás inequidades que sufren las mayorías populares en campos y ciudades.
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La polarización
No se necesita ser suspicaz para sospechar que mientras el Centro Democrático nos alerta con sus cantinelas sobre el peligro del castrochavismo, los candidatos a la presidencia por parte de los amigos del Gobierno continuarán con sus catilinarias sobre la paz.
“Las Farc y sus amigos del Gobierno nos van a imponer el modelo venezolano”, dirán los uribistas utilizando la misma estrategia aplicada en España al movimiento político Podemos; y con la que los enemigos del candidato de izquierda mexicano Andrés Manuel López Obrador lo estigmatizaron a través de los medios de comunicación, creando odio y miedo en los electores mexicanos, mientras que el presidente Santos y sus áulicos gritarán que “los uribistas lo que quieren es regresar a la guerra”.
En la misma trampa también pueden caer los movimientos de izquierda, repitiendo el discurso monotemático sobre la paz, sumándose al coro de los que quieren mantener silencio sobre problemas evidentes para el país, como la crisis en la frontera con Venezuela con las amenazas permanentes del presidente Maduro, quien nos responsabiliza de todo mal que sufre hoy el pueblo venezolano.
Este año será también trascendental en materia de justicia, con la conformación de los tribunales de justicia transicional que decidirán la situación legal de guerrilleros, empresarios y militares acusados de distintos delitos relacionados con el conflicto armado. En la que miles de víctimas esperan saber cuál fue la suerte de sus familiares secuestrados y desaparecidos, y con la que se pretende aclarar el asesinato de dirigentes populares, de campesinos y de derechos humanos; y esclarecer el papel de agentes del Estado sobre crímenes como los llamados ‘falsos positivos’. (Además: Justicia para la Paz, la primera tarea del Congreso en el 2017)
Si tales tribunales no cumplen a satisfacción ni en forma imparcial con su tarea, caeremos en manos de la Corte Penal Internacional, donde las víctimas de cerca de 2.500 secuestrados y desaparecidos por las Farc ya interpusieron una demanda.
Los populismos
Es bueno recordar al papa Juan Pablo II, quien afirmó que “no hay paz sin justicia y no hay justicia sin perdón”. Pero mientras unos y otros afinan sus estrategias a favor o en contra de los acuerdos de paz, a hurtadillas los colombianos podemos llevarnos una sorpresa política, si por obra del arte de la magia se nos aparece algún personaje mesiánico, de extrema derecha o extrema izquierda con un discurso populista, que interprete las frustraciones y las aspiraciones de la mayoría de los electores gane las elecciones, y deje viendo un chispero a una vieja y mañosa clase política.
La misma que ha venido alternando el poder desde cuando en 1957 se firmó el pacto del Frente Nacional, lo que ha permitido que los jefes liberales y conservadores se repartan el botín burocrático sin mayores sobresaltos que pongan en peligro su hegemonía.
Solo una vez alguien se les salió del libreto y les ganó las elecciones: el general Gustavo Rojas Pinilla, y sin ningún pudor, se las robaron.
Las Farc, reinsertadas y sin armas, están muy lejos de ganarse el apoyo popular, a diferencia de la reinsertada guerrilla salvadoreña. Por el contrario, el rechazo de los electores hacia las Farc es muy grande.
La mayoría de los votantes por el Sí al plebiscito de Santos no votarían por las Farc, así lo indican las encuestas. El peligro para la democracia está en el campo del populismo, y las condiciones en Colombia hoy más que nunca están dadas.
Economía débil
La cascada de alzas que se presenta en los comienzos de año, esta vez está acompañada de una subida del IVA del 16 por ciento al 19 por ciento; de un incremento desproporcionado del precio de la gasolina, que, según los expertos, disminuirá el consumo hasta en productos de primera necesidad; y de un irrisorio aumento del salario mínimo, que golpeará duramente a la clase media y a las menos favorecidas, haciendo más impopular al Gobierno y a la clase política.
La caída de los ingresos que percibe el Estado no parece que se pueda recuperar en forma significativa en el campo del petróleo y el carbón, en una economía que no hace esfuerzos por diversificarse.
En el sector rural colombiano también se viven épocas de aprensiones ante los acuerdos de paz con la guerrilla, y la expropiación de la que han sido víctimas miles de campesinos propietarios de sus predios. A esto se suma la preocupación por la maraña de decretos y normas que tienen que ver con la tenencia y explotación de la tierra, y ante los anuncios de recuperación, por parte del Estado, de los baldíos apropiados de forma ilegal.
No sé si el presidente Santos caiga en la tentación de dedicar lo que queda de su periodo a armar estrategias y a aceitar la maquinaria política que le permita tener a un presidente amigo.
O a lo mejor –es posible– busque garantizar que los acuerdos de paz con la guerrilla se hagan efectivos y, por lo tanto, asegure que la comunidad internacional mantenga sus ofertas económicas, y que el Estado y el empresariado colombiano contribuyan en forma decisiva a consolidar el posconflicto.
Volver a la violencia
De no ser así, el país se vería inexorablemente expuesto al surgimiento de otro tipo de violencias, como sucedió en El Salvador y Guatemala con los grupos narcodelincuenciales llamados ‘maras’, después de haberse firmado los acuerdos de paz con las guerrillas de los dos países mencionados.
Un incumplimiento de los acuerdos de paz nos retrotraería a un pasado de crímenes y violencia que los colombianos no queremos reeditar y que los críticos de los acuerdos de La Habana no pueden desconocer ni convertirse en los responsables de un nuevo e impredecible periodo de violencia.
La clase dirigente del país debe asumir con responsabilidad el futuro de nuestra democracia, promoviendo la reconciliación de una Colombia polarizada y llena de inseguridades.
Hay que dejar a un lado el egoísmo y la egolatría, y asumir los liderazgos necesarios para que el país rompa de una vez por todas con tantos lastres que nos han causado las violencias de todo tipo.
La delincuencia en general está al acecho para pescar en río revuelto, incluido el arisco grupo guerrillero Eln, y por lo tanto quienes hoy tienen las responsabilidades de Estado deben encontrar los caminos que garanticen un mejor futuro para unas generaciones que se debaten entre la vacilación y la incertidumbre.
HERNANDO CORRAL G
Especial para EL TIEMPO