La Universidad de los Andes prescindió de los servicios de la profesora Carolina Sanín. Ella interpone una tutela alegando la violación de sus derechos. Es un caso común en nuestro medio endemoniado, que nos hace pensar sobre lo que son las universidades, el derecho a la libre opinión y el papel del intelectual.
La libertad de opinar está maltrecha entre nosotros. Existe una profunda división sobre nuestros problemas fundamentales. Nuestras separaciones de ideología, de religión, de clase, de formación, de simple conciencia social crean un abismo insondable en nuestras conversaciones y discusiones. La guerra permanente ha colocado a las personas en campos opuestos.
Hay toda clase de leyes que protegen al periodista, pero es común que su libertad se vea coartada por su propia autocensura, por sus propios intereses, muchas veces por los medios que lo contratan o cuando fungen como agentes de imagen y publicidad para otros. Las peores censuras han sido las amenazas y los asesinatos contra periodistas libres.
Nuestro desarrollo ha estado basado en la concentración. Para que este sistema funcione, se necesita del control de la información, del silencio. El gran enemigo es la denuncia. Los contratos de trabajo tienen cláusulas de confidencialidad. La lealtad se pone por encima de la verdad, la justicia y el interés común. ‘No morder la mano del que le da de comer’ debe superar toda conciencia ética.
En la universidad, donde menos se espera, han entrado esos principios que buscan suprimir conciencias y coartar la libre expresión. Universidad debe ser “universalidad, totalidad, comunidad”. Así era la universidad pública en Colombia. Para muchos, esto resulta extraño. Desde fines de los años 50 se empezaron a crear y a hacer proliferar universidades privadas, que tuvieran a raya la disensión. Crecieron como hongos. Muchas de ellas, ‘de garaje’. Son empresas privadas y actúan como tales. Parecen estar más interesadas en construir más y más grandes edificios, como si fueran bancos, que en mejorar las condiciones y la calificación de los profesores, en enriquecer bibliotecas y vehículos de información, en laboratorios y experimentación. No todas se preocupan por transferir sus conocimientos a la sociedad ni por responder a las necesidades sociales. Parece que su única función es la de producir mano de obra para la empresa privada y el Estado. En ellas parece ausente la labor de generar pensamiento, crítica y propuesta de soluciones alternativas a la sociedad injusta que tenemos. En general, son forjadoras de conformismo.
Por eso me parece significativo el caso de Carolina Sanín en la Universidad de los Andes. No me voy a enrollar sobre las calidades de esta intelectual. Las tiene sobradas. Hacerlo sería caer en lo que acaban nuestras discusiones políticas y filosóficas: en la discusión de las virtudes o defectos que les atribuimos a las personas, para ocultar y opacar el fondo de lo que se discute. Prejuicios. Este caso merece un amplio debate en nuestra sociedad. Los profesores no son burócratas. Son intelectuales que deben estudiar, reflexionar críticamente sobre la realidad para hacerla comprensible a otros. Deben opinar y participar políticamente.
Creo que la posición crítica de Sanín y su enfrentamiento con el rector están en contra de lo que la Universidad de los Andes espera. Muy sencillo: ellos quieren docilidad y lealtad acrítica. Acusarla de usar expresiones inadecuadas, actitudes combativas, opiniones adversas de los estudiantes son argumentos de empresa. Censura contra los contenidos, pero también contra las formas. La han tratado como burócrata, no como intelectual.
Carlos Castillo Cardona