Son tantos y tan pavorosos los estragos de la guerra que plantear que en ella se cometen crímenes más graves que otros puede ser una idea difícilmente defendible. Pero si esto fuera posible, sin duda la desaparición forzada podría encabezar esa lista de las heridas siempre abiertas y lacerantes de una sociedad golpeada por la violencia política.
En Colombia, según las cifras más recientes de la Comisión Nacional de Memoria Histórica, esa tragedia se ha repetido al menos 60.630 veces desde la década de los 70. La mayoría de los casos siguen no solo en la impunidad, sino en la situación de incertidumbre sobre el paradero de la víctima, lo que hace tan dolorosa para miles de familias esta práctica criminal.
Todos los actores del conflicto, incluido el Estado, aparecen señalados como victimarios. Y aunque se trata de un flagelo que ha disminuido en los últimos años, el carácter permanente del delito, que de paso lo hace imprescriptible, representa un reto moral y de justicia, tanto para el Estado como para la sociedad. Y, por supuesto, para los grupos armados ilegales que, como las Farc, están en tránsito hacia la paz.
De una cifra cercana a los 26.000 casos, reportada en el informe ‘Basta ya’, del 2013, Memoria Histórica ha pasado a reportar más de 60.000 desapariciones forzadas. Esto, tras la revisión de cifras de la Unidad de Víctimas, ONG y archivos de la Fiscalía y la Procuraduría sobre casos que, en determinado momento, fueron tipificados bajo otras modalidades delictivas. Son casi el doble de los reportados en Argentina durante la dictadura militar y 15.000 más que los de Guatemala, nación que vivió una abierta guerra civil.
De esta manera, en la macabra lista hay no menos de 5.800 desapariciones cometidas por las guerrillas, y muchas corresponden a secuestrados, tanto civiles como miembros de la Fuerza Pública, que nunca volvieron a sus hogares. Y de esa cifra, en 1.067 procesos las Farc aparecen como directas responsables: contar la verdad sobre lo que pasó con esas personas y ayudar a que sus deudos tengan los restos de los fallecidos es una de las obligaciones infaltables de ese grupo en el marco de la nueva justicia especial para la paz.
Antioquia figura como el departamento más golpeado por esta estrategia criminal, que en los casos con autor identificado –los cuales son menos de la mitad del total– tiene como principales responsables a los grupos paramilitares y las nuevas bandas criminales. Pero la sombra de las desapariciones forzadas asustó en todo el país, desde el pueblo más alejado hasta las calles de la capital de la República.
Se trata también de una pesadilla que puede durar décadas, a veces vidas enteras, para los familiares, pero frente a la que las sociedades suelen mirar hacia otro lado. De allí la trascendencia del acuerdo firmado entre el Gobierno y las Farc, pues no solo se debe poner fin a esta macabra práctica, común en zonas de influencia de los actores armados, sino hacer plena claridad sobre la suerte de todos los desaparecidos. A eso se comprometió el Estado, y en esa ruta comenzó a avanzar ya la actual Fiscalía. Es una deuda histórica que, incluso sin proceso de paz, debe empezar a saldarse con los deudos de aquellos que nunca volvieron.
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