Es desalentador y hasta indignante lo expuesto en el informe especial de la Contraloría General de la República sobre el estado de la minería en Colombia –según lo desglosa este diario en su edición del domingo pasado– y en el que las CAR, objeto de la mirada, como cosa rara, no salen bien libradas.
Pareciera una noticia como para Ripley, aparte de ser una vergüenza, que solo el 15 por ciento de la actividad minera en el país esté formalizada. Lo cual desemboca en que las regiones dejan de recibir cerca de 6 billones de pesos al año por regalías, dineros que faltan en salud, educación, obras sociales, vías y progreso en general.
Esa es la dolorosa realidad de un saqueo del Estado a ojos vistas, equivalente al doble de las regalías generadas por la minería legal en los últimos dos años, que fue de 3 billones. Esto sin contar con el tremendo daño ambiental, ya que se contaminan las aguas de consumo humano, se tala y se causan verdaderas llagas en la selva. Claro, a los delincuentes solo les interesa su negocio.
Todo ello quiere decir que esta locomotora, que debería ser un gran aporte, no está funcionando como debiera. Y no lo hace porque arrastra viejos e insolubles problemas, unas veces por falta de eficiencia administrativa y voluntad política, otras porque los grupos al margen de la ley han defendido a sangre y fuego el ilícito, tan lucrativo como el de la coca o más; otras, porque a veces se dan en zonas de difícil acceso –aunque esto puede sonar a disculpa, pues si llegan dragas, debería llegar la ley–; o, incluso, por falta de voluntad y coordinación entre las distintas entidades llamadas a controlar.
No se entiende cómo si en Colombia están prohibidas las dragas, minidragas y retroexcavadoras en actividades mineras sin licencia o título, estas máquinas aparecen en las minas no autorizadas como si brotaran de la tierra, pues nadie las ve llegar. Según un informe de la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito, solo en el Chocó, entre el 2012 y el 2013, la presencia de estas creció en 184 por ciento.
Lo triste del caso es que la enfermedad está diagnosticada, pero no se aplican los remedios. Dice la Contraloría que faltan acciones preventivas e imposición de sanciones, que hay ausencia de acompañamiento de las CAR en los operativos de la Policía. Que, además, los pocos procesos que adelantan difícilmente terminan en sanciones reales y acciones que reparen el daño.
Hay leyes, pero, como no todo lo que brilla es oro, parece faltar voluntad. Aquí hay que poner un alto, sin dilaciones. El ministerio del ramo tiene una tarea primordial. Si las CAR son entidades ineficientes, más políticas que ambientales, deben ser sustituidas.
Luego del acuerdo firmado con las Farc, estas son un actor menos, pero el Eln, las bandas criminales y otros grupos constituyen un componente al cual hay que controlar, contra cualquier interés. Y, desde luego, ofrecerles alternativas de trabajo a aquellas familias que por necesidad se dedican a este negocio, pero son explotadas por los ilegales.
El país no puede seguir perdiendo 5,5 millones de dólares cada día por este delito, mientras se hacen grandes esfuerzos por cubrir el gasto.
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