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Impuestos indirectos, bajos salarios y champaña en Wall Street

¿Quién es el oculto ganador del 2016? La visita anunciada por el ministro Cárdenas da pistas.

Es entendible el esfuerzo ciudadano en concentrarse en defender su poder adquisitivo luego de la reforma tributaria, sabiendo que cerca del 90 % de los $ 92 billones que se recaudarán de más entre 2017 y 2022 tendrán como fuente impuestos indirectos como el IVA, impuesto al consumo, combustibles y 4 × 1.000, que afectarán especialmente a los grupos de medianos y bajos ingresos. Los mostradores y registradoras darán su inexorable veredicto, por encima de algunos análisis ligeros que intentan moderar los fuertes impactos, reconocidos hasta por el propio ministro Mauricio Cárdenas y el sector del comercio.
Las preocupaciones se recrudecieron cuando el salario mínimo, devengado por más de dos de los once millones de trabajadores formales, y que rige como parámetro para el resto de asalariados, se elevó en un porcentaje insuficiente para cubrir tanto el deterioro del 2016 ‒cuando hubo periodos de carestía alimentaria de más del 10 %, por encima del 7 % en que se había elevado el mínimo meses antes‒ como para enfrentar la cascada inflacionaria que se viene en 2017 y para reconocer cabalmente los verdaderos índices de la productividad laboral. Con la firma del decreto y el apoyo a la reforma tributaria, la ministra de Trabajo, Clara López, ratificó que pasaba “por encima de las diferencias sobre el modelo económico” que tuvo con Santos.
El modelo se reforzó con los dos hechos económicos más sobresalientes de finales del 2016: el de los impuestos indirectos, que serán el soporte de la estructura fiscal, pues a mediano plazo responderán por más del 60 % del recaudo, y el de los bajos salarios, expresado en la cada vez menor participación del trabajo en el Ingreso Nacional. Un estudio de la Ocde (2015) señala que las remuneraciones salariales son el 60 % del valor agregado total en Japón y el 37 % en África. En Colombia, con dificultad llegan al 33 % y se reducirán aún más.
Además de las centrales obreras, el repudio se expresó en las redes sociales; en los comerciantes y tenderos y también en las pymes, a las que les aplicarán a partir del 2019 la misma tarifa de renta que a los grandes grupos financieros y corporaciones transnacionales, pese al intenso debate que generó una propuesta de tasa diferencial presentada por Acopi Bogotá-Cundinamarca. Hasta los afiliados de Bruce Mac Master y los gremios superiores pegaron alarido.
¿Quién es el oculto ganador del 2016? La visita a Nueva York anunciada por el ministro Cárdenas da pistas muy dicientes. Cárdenas acudirá al oráculo del capital financiero a garantizarles a los mercados especulativos de deuda que las alforjas del Estado engordarán, que el riesgo país amainará, que la calificación crediticia deberá mantenerse, que el modelo neoliberal de exacción de trabajo y ahorro nacional no cambiará, que seguirán teniendo en el endeudamiento que lo financia un nicho de inversión de alto retorno.
En diciembre de 1999, la deuda bruta del sector público no financiero era de $ 65,08 billones. Durante lo corrido del siglo XXI, a septiembre del 2016, ha subido hasta $ 459,23 billones, siete veces más, y como porcentaje del PIB, pasó del 34,3 al 54,6 %, veinte puntos más. O sea, cada colombiano nace hoy debiendo $ 10 millones. Esa deuda, puesta principalmente en TES, en el caso de los $ 266 billones del crédito interno, y en bonos y en préstamos multilaterales, en el de los 69.000 millones de dólares para la pública externa, tiene como principales acreedores –además de instituciones como FMI, BM y BID– a fondos de capital privado, que controlan 60 % de la deuda colocada en mercados externos y 30 % del interno, en el cual los bancos comerciales y las corporaciones financieras poseen juntos otro 40 % y los fondos de pensiones, el 25 %. El resto está en otros agentes.
Tales acreedores se hicieron a la medalla de oro luego de la dura reforma tributaria y la irrisoria alza del salario mínimo. La primera les asegura la bolsa y los réditos futuros, y la segunda, que los asalariados no les pellizcarán nada de los intereses por $ 116 billones, más del 50 % del principal de $ 227 billones, que causarán los pagos comprometidos en TES –del 2016 a 2033– ni de los contratos en moneda extranjera que en 2014 y 2015 se pactaron en varias transacciones por arriba del 4 % y casi hasta el 8 %. Hay motivos de sobra para descorchar champaña en Wall Street y múltiples razones de indignación en Colombia.
AURELIO SUÁREZ MONTOYA
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