Esta semana, Camilo Enciso, secretario anticorrupción de la Presidencia, definirá si le pide a la Fiscalía que, dentro de la investigación por corrupción contra Odebrecht, se revisen las acciones que rodearon un laudo arbitral que la empresa brasileña le ganó a Isagén y que quedó en firme el año pasado.
La generadora de energía fue condenada a pagar más de 125.000 millones de pesos por desacuerdos en la ejecución del contrato de construcción del proyecto hidroeléctrico del río La Miel, en su primera fase.
El contrato, tasado en más de 412 millones de dólares, le fue adjudicado, en 1994, al consorcio La Miel, integrado por Constructora Norberto Odebrecht, Alstom Brasil Ltda. y Kvaerner Energy A.S.
En julio del 2010, un Tribunal de Arbitramento internacional condenó a Isagén a pagar la millonaria suma. El Consejo de Estado anuló uno de los reclamos, pero confirmó el fallo. Y en agosto del año pasado, la Corte Constitucional resolvió el último recurso de Isagén –una tutela–, confirmando el pago.
Ahora, la Secretaría de Transparencia indaga el origen y veracidad de una serie de irregularidades que Isagén denunció en el trámite de la millonaria reclamación, entre otras, si Odebrecht tuvo acceso a información privilegiada.
Pero ese no es el único arbitramento que la brasileña ha interpuesto y ganado en Colombia durante los cerca de 25 años de presencia en el país, en los que se ha quedado con al menos 9 megacontratos por más de 3.245 millones de dólares. (Además: Esta es la operación rastrillo a los contratos de Odebrecht)
EL TIEMPO rastreó dos laudos más, por 24.000 millones, con los cuales alcanzó un total de 150.000 millones de pesos. Y está pendiente de una jugosa reclamación por 700.000 millones de pesos más contra la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), por los retrasos en la entrega del sector 2 de la Ruta del Sol, uno de los contratos bajo la lupa de la Fiscalía. (Vea acá el acta de la demanda)
Lo que se quiere establecer es si la vía del arbitramento es un mecanismo que la brasileña habilitó para recuperarse económicamente luego de licitar obras a más bajo costo para resultar favorecida. Además, si recibió o no ayuda de terceros para lograr que los tribunales, ajenos al tema, fallaran a su favor.
La duda surge porque, por esa vía, ha ganado millonarias sumas en países como Perú y Brasil. En Perú, de los 42 laudos, 35 fueron a favor de la brasileña, por 273 millones de dólares.
Y si bien la información que viene del Departamento de Justicia de Estados Unidos habla del pago en Colombia de tan solo 11 millones de dólares en sobornos, esa es tan solo la cifra que pasó por el sistema bancario de ese país y de Suiza, que colabora en el caso.
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Los otros laudos
La obra del interceptor Tunjuelo–Canoas, por 230.000 millones de pesos, adjudicado en 2009, es una de las que terminó en un tribunal, que condenó al Acueducto de Bogotá a pagarle al consorcio de Odebrecht 12.155 millones de pesos. (Además: Este es el delator que tiene temblando a los clientes de Odebrecht)
La construcción de la planta de tratamiento de Cañaveralejo, en Cali, también tuvo controversia. Odebrecht se lo ganó, en 1997, como único proponente. Se denunciaron sobrecostos por 30 millones de dólares y el hecho de que entre los miembros de la junta directiva de Emcali, que adjudicó, estaba el presidente de una de las firmas del consorcio. Al final también hubo arbitramento.
Otra licitación cuestionada fue la de la construcción de la represa del río Ranchería en La Guajira, que Odebrecht logró en 1998. La Contraloría halló irregularidades en los términos de referencias, y el Estado suspendió el pago de 12.000 millones. Aunque Odebrecht demandó, esta vez perdió ante el Consejo de Estado.
Sobre Hidromiel, ahora bajo la lupa, un alto ejecutivo de la época le dijo a EL TIEMPO que en 1994, días antes de adjudicarse la megaobra, hubo una cena en el restaurante La Fragata de Bogotá con un directivo de Odebrecht y un funcionario encargado de calificar las propuestas.
“Odebrecht estaba de cuarto o quinto en orden de elegibilidad y quedaron de primeros”, dijo el alto ejecutivo. De hecho, otros consorcios denunciaron cambios en la fórmula para determinar el orden de elegibilidad, y la Procuraduría alcanzó a abrirles pliego de cargos a funcionarios.
Una alta fuente judicial le precisó a EL TIEMPO que en Brasil –donde 76 personas colaboran con la justicia–, hay cinco veces más información que la que reposa en cortes estadounidenses. “Por eso puede haber sorpresas y no hay que precipitarse con la indagación”, advirtió.
UNIDAD INVESTIGATIVA
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