Garantizar el acceso a la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH) a todas las niñas entre 9 y 17 años, aun cuando estén desescolarizadas. Ese fue el concepto que envió la Procuraduría a la Corte Constitucional en relación con una demanda contra la Ley 1623 del 2013 que reglamentó la obligatoriedad del tratamiento preventivo contra el cáncer de cuello uterino.
La ley se refiere expresamente a que “niñas entre cuarto grado de básica primaria y séptimo grado de básica secundaria” reciban de forma gratuita la vacuna, cuya administración busca prevenir una infección que cada año provoca unos 4.700 casos de cáncer en el país. Algo que el Ministerio Público califica de “afectación del derecho a la salud, a la igualdad y a la vida”.
La Procuraduría destaca que el Ministerio de Salud haya hecho extensiva la vacunación a las niñas no escolarizadas desde el 2015 al incluir esta vacuna en el POS, pero le dice a la Corte que es necesario incluir explícitamente en la ley a las menores no escolarizadas, porque esta, en todo caso, es una norma de mayor jerarquía que la decisión del Minsalud.
