Los ediles de las juntas administradoras locales (JAL) seguirán sin sueldo por lo menos durante los próximos cuatro meses. Esto, luego de que el presidente Juan Manuel Santos objetó por “inconveniencia” e “inconstitucionalidad” el proyecto de ley que busca establecer una remuneración fija para esos servidores.
Actualmente, la Ley 1551 del 2012 prohíbe que los miembros de las JAL reciban remuneración. Esta normativa aplica para todos los municipios del país, excepto para Bogotá, que se rige en esta materia por la Ley 1617 del 2013.
Los ediles son parte de las JAL, organismos que se crean sobre todo en los municipios grandes y cuya función es controlar la prestación de los servicios y las inversiones a nivel local (comunas o localidades).
El proyecto objetado establece que “los honorarios serán establecidos por los alcaldes y los concejos”, dependiendo de la categoría de cada municipio y la composición de la JAL.
Tras conocerse esta decisión, el senador Eduardo Enríquez Maya, coautor de la iniciativa, dijo que respeta las apreciaciones del presidente, pero calificó de “lamentable que no se haya reconocido un mínimo derecho para estos servidores de la democracia”.
En su objeción, el mandatario argumentó que la iniciativa, aprobada en octubre pasado por el Congreso, vulnera “los artículos 287 y 362 de la Constitución, pues desconoce el derecho de las entidades territoriales de administrar sus recursos”. El documento estipula además que la ley no satisface los requisitos que exige la Constitución para que los legisladores intervengan en la destinación de los recursos de los municipios.
“Este proyecto busca tomar parte del ahorro disponible para inversión de los municipios para financiar crecientes gastos de funcionamiento”, indicó Santos.
Adicionalmente, según el mandatario, los honorarios de los ediles generarían un impacto negativo sobre las finanzas públicas. “Se calcula que la remuneración de los ediles tendría un impacto fiscal del orden de entre 20.309 y 150.598 millones de pesos, según la composición de la JAL”, señala el documento.
En cambio, el Gobierno propone que esta labor sea reconocida mediante otro tipo de modalidades, como por ejemplo que cada entidad territorial determine, según su categoría y sus posibilidades financieras, si corresponde o no pagar honorarios a los ediles de la juntas administradoras locales.
De esta manera, el Gobierno pidió al Congreso de la República “proceder al archivo” de la iniciativa.
A partir del 16 de marzo, cuando se inician las sesiones ordinarias, el Congreso deberá decidir si acepta o no las objeciones del Presidente. En caso de que no las acepte, el proyecto de ley pasará a revisión de la Corte Constitucional, pero si lo hace, se archivará.
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