El aumento de muertos y lesionados por las riñas en este fin de año pone de manifiesto la baja capacidad que tienen algunos ciudadanos para resolver los conflictos de manera dialogada, la desconfianza en las autoridades para mediar y resolver esos conflictos y la falta de instrumentos para controlarlos.
En el primer caso, la mayoría de quienes recurren a los golpes para resolver los conflictos aprendieron esa práctica desde sus hogares, donde la violencia hacia mujeres, niños, niñas, adolescentes y personas de la tercera edad son la forma predominante de relacionarse, relegando a segundo plano el afecto y el respeto que deben predominar en ese espacio de socialización.
En el segundo caso, muchos de los conflictos que terminan en riñas podrían ser resueltos con la ayuda de las instituciones del Estado, como las comisarías de familia, las inspecciones de policía, las unidades de mediación y conciliación y los juzgados, pero no hay suficientes en las ciudades, los horarios de atención no son los más adecuados, funcionan entre semana y las riñas se incrementan los fines de semana; la atención no es la mejor y cuando se logra poner la denuncia, los trámites posteriores son dispendiosos; hay demora y en algunos casos no hay respuesta posterior, lo cual lleva a que los ciudadanos sientan que no tienen un Estado que regule, controle y solucione estos conflictos y, por tanto, no se cree en las instituciones, y les quede solo como una única alternativa la justicia por mano propia.
En el tercer caso, cuando hay riesgo de riñas o ya se presentan, especialmente la policía tiene muy pocos instrumentos para prevenir estos hechos y proteger a los involucrados. Lo máximo que puede hacer es separarlos, y en algunos casos los retienen en las UPJ, en las ciudades donde existen. Allí se aplica la medida de prevención y protección que establece la sentencia 720 de la Corte Constitucional.
¿Qué hacer para enfrentar el problema de las riñas, presente en la mayoría de las ciudades colombianas? Hay que desarrollar acciones que pasan, en el mediano y largo plazo, por el crecimiento y fortalecimiento de las comisarías de familia, de las unidades de mediación y conciliación, de los centros de convivencia, de las inspecciones de policía y de las casas de justicia; adecuar sus horarios y ubicaciones a las necesidades de los ciudadanos y promover la cultura ciudadana del afecto, la resolución pacífica de los conflictos y el reconocimiento de las diferencias.
De manera inmediata, hay que desarrollar acciones permanentes y conjuntas entre la Policía, los inspectores de policía y las comisarías de familia en los sitios, días y horas donde se concentran los problemas de conflictividad y riñas; hay que aplicar la medida de retención, con las garantías que establece la Corte Constitucional, como en la actualidad lo viene haciendo Barranquilla, que logró disminuir las riñas en un 48 por ciento y las lesiones personales en un 37 por ciento, con la creación y puesta en funcionamiento de la Unidad de Prevención y Justicia desde diciembre del 2015, una casa de justicia con espacios para aplicar la medida de prevención y protección (retención) donde se sanciona a las personas que participan en riñas y además se las forma en los mecanismos alternativos de resolución de conflictos.
Finalmente, dos acciones que la Policía y la Fiscalía deben fortalecer: la primera tiene que ver con reducir casi a cero la impunidad en estos casos, en la medida en que en la mayoría de los sucesos se conoce a los autores de las lesiones y muertes ocasionadas por riñas. La segunda es el control permanente de la Policía en el porte de armas de fuego y armas cortopunzantes, a través de la requisa.
No es fácil controlar las riñas, pero no es imposible; se requiere el trabajo coordinado y permanente de las autoridades.
Hugo Acero Velásquez